La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la Carrera (unos 800 jueces), que apoyaron la adopción de la medida en juntas celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios, y también por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece cerca del 40 por ciento de la Judicatura -Francisco de Vitoria (FV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-.
Las otras dos formaciones, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), apoyan una versión más moderada de la protesta, consistente en la celebración de concentraciones que se materializarán sobre el mediodía de mañana a las puertas de los órganos judiciales más emblemáticos de cada ciudad.
El porqué de la huelga
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la
implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla
Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña
Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
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Posibles consecuencias
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el
disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el
retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para este miércoles en previsión de la jornada de protestas.
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