uber y cabify

El Tribunal Supremo avala la imposición de límites a la actividad de las VTC "para asegurar el mantenimiento del sector del taxi", por lo que ha decidido fijar el de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización. Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad.

El pasado 17 de abril quedó visto para sentencia el 'juicio final' que tuvo lugar en el Supremo y en el que está en juego la liberalización del mercado de las VTCs. La decisión del Supremo, que es inminente, podría eliminar la barrera actual que fijó el Gobierno mediante decreto ley y que estipulaba que solo podía haber una licencia de este tipo por cada 30 taxis. Que se suprima esa medida es lo que piden tanto la CNMC como Uber pero no Cabify que, junto a Unauto -la patronal mayoritaria de VTCs-, abraza ahora al sector del taxi y de las administraciones públicas para intentar salvar su futuro.

En un intento de definir un "enemigo común" -la contaminación- en la movilidad madrileña, Cabify ha conseguido aumentar el enfrentamiento con los taxistas y ganarse un nuevo adversario: la Empresa Municipal de Transportes. Fuentes de la EMT explican a Madridiario su enfado por no haber sido invitados al simposio que celebra mañana la multinacional en el que se debatirá sobre hacia dónde van los transportes en la capital.

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado sendos recursos de la Generalitat de Catalunya y ha revocado las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona que dieron la razón a Uber y anularon dos multas de 4.001 euros que le había impuesto la Administración autonómica catalana por infracción muy grave de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por “la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte”.

El Gobierno ha accedido a regular algunas de las demandas del sector del taxi después de la histórica sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra Uber y a pesar de que el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, saliera en su defensa. Con las nuevas medidas aprobadas se tratará de reducir la especulación con las licencias VTC.

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI), Julio Sanz, ha anunciado este miércoles que su colectivo valorará exigir indemnizaciones por los daños ocasiones por la actividad que Uber lleva desarrollando de manera ilegal en España desde 2014.