Sindicatos policiales

Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades de la Universidad Rey Juan Carlos relacionadas para facilitar el ascenso de 200 jefes policiales con la obtención de un curso 'on line' de un año con el que supuestamente obtenían un ‘grado universitario’.

Los sindicatos policiales han recordado este miércoles que avisaron de la posibilidad de incidentes como el ocurrido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El más explícito fue la UFP que, el pasado 11 de octubre, alertó de un "posible amotinamiento y posterior evasión" en el que podrían participar hasta noventa ciudadanos de origen argelino.

La tormenta política provocada por el 9-N no cesa, así como tampoco lo hacen las reacciones de las diferentes instituciones y organismos contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien el día de la consulta decidió se proclamó "responsable único" de la misma. Después de que la Fiscalía formalizara la querella por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de atribuciones judiciales, ahora el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han presentado también una querella contra eMas, por desobedecer la resolución del Tribunal Constitucional (TC).

Los sindicatos policiales han convocado una concentración mañana, sábado, frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid para protestar por los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy y cómo afectan a la seguridad pública, "provocando que los profesionales del sector hayan experimentado la mayor precariedad salarial de la historia reciente del Cuerpo Nacional de Policía, situándose a la cola de los Cuerpos de seguridad en cuanto a sueldos y derechos laborales".

La ONG Amnistía Internacional pidió el jueves el fin de la impunidad policial contra manifestantes pacíficos, ante la proliferación de disturbios en las protestas contra las medidas de austeridad impulsadas por los gobiernos europeos para contener la crisis de deuda. Lo hizo a través de un informe que ha sido tachado de "falso"  y "parcial" por los sindicatos policiales.

Los dos principales sindicatos policiales han reaccionado de manera distinta a la inhabilitación de 11 años del juez Baltasar Garzón dictada por el Tribunal Supremo a raíz de las escuchas policiales durante la instrucción del 'caso Gürtel'. Mientras el SUP habla de "una persecución inaceptable" e "inmerecida" al magistrado, desde la CEP se han limitado a destacar que "la Ley es igual para todos".