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El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía
fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la
Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado
societario familiar". Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de
los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI,
Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de
haber podido blanquear capitales con la amnistía fiscal. A partir de
ahí, sería el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española,
dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en
la investigación para confirmar si existen indicios de delito.
