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Han pasado prácticamente cuatro años de los hechos. Y lo peor, aparte de la petición de cárcel de más de 16 meses para la persona que se limitó a grabar una intervención policial contra inmigrantes en el barrio madrileño de Lavapiés, es la incertidumbre. A Javier, vinculado al Sindicato de Enseñanza de la CNT y miembro activo de varias redes sociales, le acusa el fiscal de "resistencia y atentado a la autoridad", lo que él niega rotundamente: sólo grabó el incidente.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado no tener "ninguna preocupación" por la denuncia de la Confederación Española de la Policía (CEP) contra su persona y sus compañeros diputados José Luis Centella y Alberto Garzón, porque "tiene muy poco fundamento", y ha lamentado que se presente contra quienes "defienden derechos de los policías".