Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves solicitado una nueva prórroga de 30 días para ultimar dos de los informes que tienen pendiente realizar respecto de dos Anteproyectos de Ley que están originando un intenso debate público, como son la del Aborto y la de Seguridad Ciudadana.


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Tres asociaciones de periodistas e informadores gráficos han pedido una reunión con el ministro del Interior para abordar "posibles discrepancias" con el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ya que creen que pueden colisionar con el derecho constitucional a la información.

Los tribunales de lo Contencioso Administrativo son la última instancia a la que puede recurrir un ciudadano para evitar hacer frente a una sanción económica derivada de haber incumplido alguna de los preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este sentido, son los jueces los que tienen la última palabra sobre la aplicación de esta Ley tras estudiar el expediente de la Policía y la Delegación de Gobierno frente a las alegaciones de los ciudadanos.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la única asociación de jueces que está de acuerdo con el contenido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que va a impulsar el Gobierno, una reforma que considera "esperada y necesaria" para hacer frente a las "nuevas modalidades de violencia ciudadana".

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.