educación en castellano

En medio de la discusión sobre si Moncloa debe o no -en virtud de la aplicación del 155- incluir una 'casilla' en la solicitud de preinscripción académica catalana para escoger lengua vehicular, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios preceptos de la ley de educación (LOMCE) por considerar que ha invadido competencias de la Generalitat en cuestiones como la escolarización en castellano o el plurilingüismo.

El Gobierno confirma su intención de modificar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña para "garantizar la libertad de los padres para inscribir a sus hijos en la lengua vehicular que prefieran", según ha asegurado el ministro de Educación, Ìñigo Méndez de Vigo, que no ha aclarado cómo se llevara a cabo. Con esta modificación, que ya ha sido rechazada por PSOE, Podemos y la comunidad educativa en Cataluña, el Ejecutivo pretende introducir una casilla en las solicitudes de enseñanza para escoger el castellano como lengua vehicular.

La enseñanza en castellano en Cataluña continúa centrando la polémica entre Gobierno y ejecutivo regional catalán, y más aún cuando el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto con una sentencia en la que obliga a la Generalitat catalana a dar un 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas de esta comunidad y que ello incluya una asignatura troncal en esta lengua. El escrito jurídico también señala el "incumplimiento" del Ejecutivo catalán de sus dictámenes, y ha sido duramente criticado por el gobierno de Artur Mas, que considera que el Supremo "se ha extralimitado" en sus funciones.

La diputada del PP María José García Cuevas ha asegurado este miércoles que el Ministerio de Educación tiene "53 reclamaciones" de alumnos catalanes que exigen su escolarización en castellano.

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La Generalitat deberá, por primera vez, indemnizar con 3.000 euros a una familia que reclamó ante los tribunales la enseñanza en castellano en la Educación Infantil para su hija, que acudía a una escuela concertada, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat contra el decreto que prevé sufragar la escolarización en castellano. La norma impugnada contempla una ayuda de 6.000 euros para pagar un centro privado a familias que pidan la escolarización de sus hijos también en castellano y no quede asegurada en el sistema público, algo que de momento, sólo habría sucedido en el caso de 3 familias.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene 2014-2015 a una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular, si no se garantizan plazas públicas suficientes.

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El coste del alumno en la escuela pública es el límite establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para compensar a los estudiantes que quieren el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y que, sin embargo, la comunidad autónoma con lengua cooficial no le garantiza. Este coste es de 6.057 euros al año, según han precisado fuentes de este departamento.

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La Generalitat no ejecutará la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece que debe introducirse el castellano en las aulas donde esté escolarizado un alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.

Así lo ven todos: el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presenta ahora a las autonomías el nuevo texto del anteproyecto de reforma educativa, con un apartado adicional en el que se establece que todas las comunidades deben ofrecer en las distintas asignaturas "proporciones equilibradas en número de horas lectivas" entre el español y las lenguas cooficiales en todas las etapas educativas obligatorias. Dicho de otra manera, se combate la inmersión lingüística que tanto había impulsado Cataluña.

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El borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), que este martes estudiarán el Gobierno y las CC.AA en la Conferencia Sectorial de Educación, exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano cuando esta comunidad no pueda ofrecerle esta posibilidad en un centro público o concertado, siempre y cuando no se haya establecido una "proporción razonable" de ambas lenguas.