Despido improcedente

El Juzgado de Instrucción número dos de Alicante ha dictado auto de procedimiento abreviado en la causa que investiga al alcalde del municipio, Gabriel Echávarri (PSOE), por el despido irregular de una trabajadora del Consistorio, cuñada del portavoz del PP, partido de la oposición en el Ayuntamiento alicantino. La jueza aprecia indicios de un delito de prevaricación y considera que despidió a la funcionaria interina "como represalia" por ser cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, que días antes le había denunciado por supuesto fraccionamiento de contratos.

Una empleada que pierda el permiso de trabajo perderá su puesto laboral porque "imposibilita la continuación del contrato", sin embargo deberá ser indemnizada por un despido improcedente. Así se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo que ha considerado que si bien la causa de la finalización del mismo es ajena a la empresa, debe existir un marco de protección a los trabajadores que hubieran prestado sus servicios legalmente hasta ese momento.

Increíble, pero cierto: el ex tesorero Luis Bárcenas ha demandado al Partido Popular PP por despido improcedente, según han confirmado medios de la formación que dirige Mariano Rajoy. Una demanda curiosísima, que llevará a verse las caras en magistratura al que fuera tesorero de este partido y a los actuales representantes legales. Y, claro, la pregunta que surge con sorna es obvia: ¿Le aplicarán a Bárcenas la legislación vigente, es decir, la reforma laboral de Fátima Báñez?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reclama a España más reformas estructurales para impulsar el empleo, especialmente entre los jóvenes, y mejorar la competitividad de su economía, y propone, entre otras muchas medidas, avanzar hacia el contrato único, reducir las indemnizaciones por despido improcedente, aumentar los productos y servicios que se acogen al tipo general del IVA o rebajar las cotizaciones sociales.

El expresidente de la SGAE Teddy Bautista ha reclamado en el juzgado una indemnización de 1,8 millones de euros por haber "renunciado" al cargo en julio pasado, mientras la sociedad de autores le reconoce sólo la posibilidad de cobrar 675.000 si se acepta que le vinculaba un contrato de alta dirección.