derecho a la vivienda

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por inclumplimiento del Gobierno de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de vivienda por despachar con 'un folio' la respuesta a las recomendaciones para solventar una grave problemática en el país. Una decisión que ha sido aplaudida por distintas organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno acaba de depositar en el Congreso su proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que contemplan un incremento del 3,9% en la partida de gastos destinada a Sanidad, y una subida del 1,3% respecto a 2017 para las políticas de vivienda. Estos incrementos son insuficientes para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU), según señala Amnistía Internacional. "Naciones Unidas vuelve a señalar los déficits de España en la protección del derecho a la vivienda y a la salud", denuncia la organización.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH-Madrid) se concentrará este miércoles frente al Congreso de los Diputados en recuerdo de las víctimas de desahucios durante la crisis de la vivienda. A lo largo de 2016, se ejecutaron más de 34.000 desahucios en España, según denunciaba el último informe de Amnistía Internacional. "Entre 2008 y 2015, más de 13.000 ciudadanos optaron por el suicidio a causa del terrorismo financiero existente en este país", recuerda la PAH, al tiempo que reclama "que se investigue, política y judicialmente, la estafa hipotecaria con todas sus variantes financieras".

Los desahucios y la crisis de la vivienda no han terminado en España. Esta es la principal conclusión del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación del derecho a la vivienda en nuestro país. Diez años después de que comenzara la crisis económica, el derecho a la vivienda sigue rodeado de “oscurantismo”, según denuncia la organización, que pone como ejemplo los 34.193 desahucios por impago de alquiler en 2016, en los que ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. Según Amnistía, esta crisis afecta especialmente a las mujeres, y tiene mayor incidencia entre las víctimas de violencia de género y aquellas que encabezan hogares monomarentales. "En lugar de tomar medidas para proteger a las miles de familias afectadas, las autoridades han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y proceso de desalojo, como consecuencias de las reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil", denuncia AI en su informe.