Cristina Martín

El Tribunal Supremo ha rechazado que el Estado deba hacerse cargo de la indemnización de 300.000 euros que una sentencia fijó para los padres de Cristina Martín, la menor de 13 años asesinada por unas compañeras de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo). La autora del crimen fue condenada a pagarla pero, tanto ella como sus padres, se declararon insolventes y la familia de la víctima no recibió ninguna compensación.

Los padres de Cristina Martín de la Sierra, la chica de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), van a interponer un recurso al Tribunal Supremo (TS) después de que el Gobierno les haya negado una indemnización por la muerte de su hija.