caso Alsasua

La plataforma impulsada por C's, 'España Ciudadana' celebrará el próximo 4 noviembre su primer acto, que se celebrará en la localidad navarra de Alsasua, donde se produjo la presunta agresión a dos guardias civiles en un bar. "Vamos a pedir que se respete a los servidores públicos desde un lugar simbólico para los que defendemos el constitucionalismo", ha manifestado el líder de la formación 'naranja', Albert Rivera.

Un vídeo grabado por Iñaki Abad, uno de los acusados de terrorismo por el altercado de Alsasua, desmontaría la versión de la paliza tal y como fue relatada por los dos guardias civiles y sus parejas que denunciaron los hechos. No obstante, el fiscal no lo ha tenido en cuenta insistiendo en pedir entre 12 y 62 años de cárcel para los detenidos.

Dos agentes de la policía foral de Navarra han comparecido ante la Audiencia Nacional para explicar su versión de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka en octubre de 2016. Según su relato, allí se produjo "claramente una paliza" con conocimiento de que las víctimas eran miembros del cuerpo policial por los insultos y gritos que recibieron al llegar al local.

El teniente y el sargento de la Guardia Civil que fueron agredidos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en Alsasua (Navarra) por un grupo de jóvenes, han declarado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Los dos agentes han identificado a varios de los procesados como participantes directos en la agresión, y han asegurado que temieron por sus vidas, y que nadie acudió en su ayuda, ni siquiera para frenar la situación.

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Alsasua, en el que los 8 procesados están acusados de los delitos y amenazas y lesiones terroristas, por agredir a dos Guardias Civiles y sus parejas en la localidad navarra. Al haber sido tipificado como un delito de terrorismo, los acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión, por lo que Amnistía Internacional ha reclamado que se retire este cargo. "Consideramos que la investigación debería haberse llevado a cabo en el marco de un procedimiento penal ordinario, y que no se debería haber aplicado la legislación antiterrorista al presente caso", señala la responsable de política interior de Amnistía Internacional, Virgina Álvarez.