Administración pública

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público para 2019. Se trata de la mayor convocatoria de los últimos 11 años, con 33.793 plazas para la Administración General del Estado, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Justicia y Educación. Así lo ha anunciado la ministra de Función Pública, Meritxell Batet,que ha explicado que un 14% de los funcionarios de la Administración General del Estado podría jubilarse este año, mientras que en la próxima década, será casi la mitad de la plantilla.

Podemos ha presentado la Proposición de Ley de Cuentas Abiertas, que plantea el acceso de los ciudadanos "a las cuentas bancarias donde se deposita el dinero público". El objetivo es que, a través del portal de transparencia de cada comunidad autónoma, se puedan conocer los saldos y movimientos que realiza la administración en sus cuentas bancarias. La iniciativa, que ha sido presentada también en Murcia, La Rioja, Extremadura Castilla-La Mancha y Castilla y León --y hace un mes en Andalucía, se ha propuesto en la Comunidad Valenciana, porque según la formación 'morada', es "donde más casos de corrupción hay".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el "uso generalizado" el año pasado de la administración electrónica, los trámites por internet en lugar de en la tradicional ventanilla, ahorraron al país en su conjunto 20.000 millones de euros.

La Administración General del Estado (AGE) dispone de un total de 12.038 inmuebles, de los que más de 2.831 tienen como titular al Ministerio de Fomento y 2.721 están adscritos a Interior, según consta en el portal de la transparencia que se ha puesto en marcha este miércoles.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA consideraría coherente que ante la moratoria que bancos y cajas de ahorros van a conceder en los desahucios a las personas más vulnerables, la propia Administración también ponga de su parte y paralice los embargos de locales y viviendas a trabajadores por cuenta propia mientras que a esos autónomos y Pymes les sigan adeudando facturas de las propias Administraciones.

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para permitir la creación de una Comisión Nacional de Mercados y Competencia que reunirá en una sola institución los 8 organismos reguladores actualmente existentes. Se pasará así de 52 consejeros a sólo 9, con un ahorro sólo en sueldo de directivos de 4 millones de euros. Los consejeros serán nombrados por el Gobierno como hasta ahora, pero el Congreso podrá vetar el nombramiento por mayoría absoluta.