La pandemia que ha asolado al mundo y a Madrid ha quedado atrás. Después de dos años y medio de cifras y tragedias, la mayoría de la sociedad ha dado por superada la covid-19.
Sin embargo, existe un número indeterminado de personas que conviven con sus secuelas, patologías que en algunos casos impiden trabajar y desarrollar una vida normal. El camino que deben transitar estas personas para conseguir que se les reconozcan sus incapacidades a causa del virus es tan difícil que en España, hasta ahora, solo se han registrado tres casos de incapacidad.
Existen dos categorías generales de incapacidad reconocidas por el Instituto de la Seguridad Social: absoluta y total. La total significa que el trabajador no puede ejercer su profesión, por lo que tendría derecho a una pensión vitalicia de entre el 55% y el 75% de la base reguladora, en función de su edad. La absoluta, en cambio, es la más tajante pues determina que una persona está inhabilitada para desempeñar cualquier trabajo, e implica una pensión del 100% de la base reguladora que corresponda.
Para ambos casos, es necesario que un tribunal médico evaluador de la propia Seguridad Social certifique la condición, algo que en los casos relacionados con los estragos de la pandemia, se torna como una tarea casi imposible. Fuentes legales expertas en el área laboral explican a este diario que a los tribunales no les importa la causa o el origen de las patologías sino la gravedad de las mismas, así como los informes médicos pertinentes. “Para la incapacidad se requiere que no se pueda realizar ningún tipo de tareas por lo que tus patologías o secuelas deben ser muy gravosas”, aseguran.
Precisamente, esto es lo que han conseguido de forma muy reciente 3 trabajadores de Euskadi. El pasado mes de septiembre, se conocieron los tres primeros casos en los que el INSS reconoció una incapacidad absoluta y dos totales a causa de las secuelas del Covid, un hito que podría abrir y facilitar el camino a cientos de personas en España con la misma situación.
El caso de Carolina
Carolina Sánchez tiene 41 años, es enfermera y presenta una serie de problemas físicos y neurológicos provocados por la Covid-19. Según su relato, contrastado por un volumen importante de documentación médica, lleva desde enero de 2021 encadenando bajas temporales. Asegura que tiene un grave trastorno músculo-esquelético que le impide caminar con normalidad, además de un deterioro de su capacidad cognitiva que le dificulta comunicarse de forma eficaz y realizar tareas sencillas.
“Dolores en piernas, falta de sensibilidad en las extremidades, dolores articulares”, detalla Martín, que por encima de todo señala el deterioro cognitivo como su mayor problema. “Hacer la comida, en los días malos, es una tarea imposible”, explica. Tiene una hija de 5 años, una responsabilidad que le preocupa ya que asegura no tener apoyo familiar de ningún tipo. Es enfermera y trabajaba en una residencia para mayores, el lugar donde se contagió por primera vez en julio de 2020.
"Me siento como una señora mayor"
Cuando comenzó a experimentar estos síntomas después de haberse contagiado en su entorno laboral, según su testimonio, trató de informarse sobre los requisitos para iniciar una solicitud de incapacidad absoluta. Denuncia aquí que ningún sindicato la atendió de forma satisfactoria, aunque admite que sus dificultades cognitivas le hacen sentir sobrepasada por la situación y la burocracia necesaria para relacionarse con la Administración.
En estos momentos, Carolina se encuentra en los primeros compases de lo que acabará convirtiéndose en un litigio para reclamar contra la Seguridad Social, debido a la conclusión desfavorable de un tribunal médico sobre su incapacidad absoluta o total. “Tengo bastones, los necesito para caminar en los días en que los dolores crecen”, explica con esfuerzo esta enfermera. Una de sus mayores preocupaciones es su hija, que tiene un problema con el lenguaje. Cuenta que ha podido tramitar una ayuda especial de la Comunidad de Madrid gracias a la ayuda de la dirección del centro educativo en el que se encuentra. “Me siento como una señora mayor que no se entera de nada”, lamenta.
Los afectados se organizan en AMACOP
La Asociación Madrileña de Covid Persistente (AMACOP) nació en mayo de 2020, a raíz de las primeras informaciones sobre personas que después de contagiarse y después de su recuperación seguían experimentando algún síntoma. Según los últimos estudios científicos publicados por la Organización Mundial de la Salud, se estima que hasta un 10 por ciento de las personas que han pasado la Covid-19 padecerán secuelas. La mayoría de estos estragos son leves, como por ejemplo la pérdida de olfato, pero en algunos casos las patologías se tornan graves.
“Los médicos que forman los tribunales de la Seguridad Social no tienen el suficiente conocimiento sobre el Covid persistente ni sobre los estudios científicos sobre este asunto”, critica Beatriz Gómez, responsable de AMACOP. Desde su punto de vista, basado en su experiencia y en el número de casos que ha visto pasar desde su cargo en la asociación, una mayoría de personas que han intentado que se les reconozca una incapacidad o incluso una baja laboral por patologías relacionadas con la Covid son denegadas.
"El INSS no tiene suficiente conocimiento"
"Los protocolos en Atención Primaria existen, pero nos llegan casos donde, según el profesional que te toque, a unos les tratan de una manera y a otros de otra forma, por lo que no tienen un trato igual. Necesitamos una mejora para que llegue esa asistencia", explica la presidenta de AMACOP, María Ángeles Díaz. Estas palabras se encuadran en una intervención que tuvieron en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid la pasada semana, en donde reivindicaron la mejora de la atención para las personas afectadas.
En esta línea, la asociación solicita que haya más formación de los sanitarios sobre esta enfermedad. Subraya Díaz que los profesionales "han pasado por mucho desborde" y que en algunas ocasiones "son los enfermos que saben más que ellos tras ir buscando más información sobre el Covid persistente". Aquí, señala la confusión existente entre los conceptos de “enfermedad” y “secuelas Covid”, algo que acarrea problemas a la hora de los diagnósticos.
En cuanto a las cifras oficiales en Madrid, AMACOP reclama una mayor transparencia a la Administración. Los últimos datos son de mayo y señalaron entonces que había unas 1.936 personas afectadas, una cifra que no convence a la asociación ya que el 10 por ciento del que habla la OMS se traduciría en la región en unas 200.000 personas. No comprendemos esta diferencia y por eso queremos preguntarlo. Hay que revisar el protocolo. Además, creemos que el sistema público de salud debería recoger nuestras pruebas que realizamos para tenerlo en cuenta", señala Díaz.
Hasta un año de trámites con el INSS
Según las fuentes legales consultadas por este diario, no existe un tiempo fijo para la resolución favorable de una petición para el reconocimiento de una incapacidad. Sin embargo, el plazo aproximado ronda el año. “Lo primero es realizar la solicitud. En el momento en el que se deniega empiezan a correr los plazos administrativos. Ahí tienes que presentar una reclamación previa, que puede ser desestimada. Es en ese momento cuando se puede plantear una demanda judicial y para entonces pueden pasar unos 9 meses", explican estas fuentes, a la vez que señalan la dificultad para estimar la fijación de la fecha de un juicio y el dictado de la sentencia.
Por otro lado, señala esta voz autorizada un problema generalizado con el INSS relativo a la tardanza en el pago de las cuantías de los trabajadores cuando sí consiguen sentencias favorables en cuanto a su discapacidad: “Incluso con la concesión de la discapacidad, hay trabajadores que están sin cobrar no solo durante un año sino mucho más, porque el INSS se retrasa en el pago mucho más allá de los dos meses que dice la ley cuando hay sentencia condenatoria”.
Sobre los requisitos para conseguir el reconocimiento de la incapacidad laboral, ya sea absoluta o total, esta fuente señala a un mismo punto. Lo importante y necesario es contar con los informes médicos y periciales pertinentes, sin importar la causa de la enfermedad. De esta forma, lo que piden tanto el INSS como los juzgados son pruebas médicas que avalen que la condición física del trabajador no le permita desarrollar un trabajo concreto o cualquier trabajo en general, en su caso. De hecho, lo habitual según esta fuente es que este reconocimiento se consiga en el juzgado y no en el tribunal médico de la Seguridad Social, con el esfuerzo económico y de tiempo que implica para los interesados.
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