Un viejo y entrañable profesor del primer bachillerato, el elemental se le llamaba entonces, decía a algunos de sus peores alumnos que “tú has pasado por la escuela, pero la escuela no ha pasado por ti”. Hoy supongo que una afirmación como esa, dicha en público ante un buen número de alumnos, acarrearía las críticas de estos, de sus padres, del resto del estamento docente y de las autoridades educativas. Pero entonces (mediados de los años 60 del siglo pasado), este y muchos otros comentarios de este jaez, lo más que despertaban era una sonrisa indulgente entre “el respetable”, ya fuera el “protagonista” o el público del acontecimiento. Por cierto, y antes de seguir adelante, aquel viejo profesor mío era comunista, represaliado de Franco y hoy cuenta con una calle en su honor puesta a su nombre en el pueblo manchego en dónde sucedía lo descrito. Además, y en honor a Don Hermógenes Rodríguez -era así como se llamaba-, no hubo ni un solo error en sus predicciones académicas con los alumnos señalados. Tal era su ojo clínico, o académico, como quiera.
Y dando un salto en el tiempo me sitúo ahora en la entonces recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información, en el curso académico de 1974/1975 (¡Dios mío, 50 años ya!), y en la clase de Derecho de la Información – o algo así, que no recuerdo ahora su denominación exacta–, que durante todo el año se centró en estudiar las bondades de la Ley Fraga, que es como sintéticamente todo el mundo conocía la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. No se preocupe que no voy a hacer aquí ningún análisis retrospectivo, por breve que fuera, pero déjeme decirle al menos que aquella ley fue acogida con esperanza y cierto júbilo entre los periodistas de la época porque, sin duda alguna, significó un notable avance en las libertades de prensa e información de este país, hasta entonces mucho más restrictiva y rígida, porque no lo olvidemos, España acababa de salir de una Guerra Civil, tan fratricida y descabellada como todas las guerras, y más aún cuando estas se libran entre hermanos, vecinos y paisanos que, sin comerlo ni beberlo, de pronto se ven envueltos en una sinrazón como esa.
Después vino la democracia y, con ella la Constitución de 1978, que es la norma que ha regido estas cuestiones entre todos los españoles, sin otra limitación que el respeto a la constitución y al ordenamiento jurídico. Y la cosa, como pasó con Don Hermógenes, digamos que no ha ido mal del todo porque, mal que bien, quién se ha visto afectado, insultado, denigrado, calumniado, acusado, difamado o herido en su dignidad y fama, ahí ha tenido a los tribunales de justicia para que fueran ellos quienes determinasen si lo publicado se ajustaba o no a la verdad y, en caso negativo, hacer pagar al periodista, al medio, o a los dos juntos, por las informaciones o las opiniones vertidas.
El “juego”, como digo, no ha funcionado mal, pero como estamos en época revisionista, aquí no se deja en paz a la vieja Constitución del 78 desde que hace ya media docena de años Pedro Sánchez tomó democráticamente la Moncloa –dicho sea, en el mejor de los sentidos, por supuesto-. De entonces a acá han nacido leyes como la del Sí es sí, Eutanasia, Vivienda, y no sé cuantas más, que tienen inquieta, confundida y hasta cierto punto desnortada al menos a la mitad de la población, y temerosos, amilanados, perplejos e incrédulos a los pequeños, medianos y grandes empresarios españoles y a los inversores extranjeros.
Pues nada, hete aquí que el últimamente asediado presidente del gobierno español nos ha anunciado que próximamente tendremos un nuevo paquete de medidas que buscan la “regeneración democrática", que vaya usted a saber en qué piensa el señor Sánchez del contenido de ese extraño paquete. Lo único que sabemos de él es que parece que va a unir en él sorpresas que van a afectar a jueces y periodistas. Y, digo yo, que lo mismo esta sorpresa tiene que ver con esos medios que, para la Moncloa, supuestamente difunden bulos. Han avanzado ya que eliminarán cualquier tipo de publicidad institucional a aquellos medios que "mienten sistemáticamente”. Será interesante descubrir qué entiende Moncloa por mentir sistemáticamente, una práctica que desde allí se ejerce con frecuencia inusitada.
Y todo esto ha surgido desde que los "tabloides digitales", o no digitales, han ido lanzando informaciones sobre supuestos negocios de su esposa, al tiempo que atribuyen a su hermano un comportamiento fiscal, como mínimo, poco ejemplar. Por cierto, ambos están siendo investigados en sendos juzgados lo cual indica que esas informaciones no deben de andar muy extraviadas.
Paralelamente, varios miembros del gobierno han ido lanzando píldoras de desconfianza (ellos lo llaman lawfare), sobre el funcionamiento de la justicia, y el propio presidente, en una segunda carta que hizo pública a través de la red X, ha llegado a extender el manto de la sospecha contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su esposa. Pero, no nos engañemos, no es el gobierno quién tiene que decidir si un medio miente o no. Tampoco ningún supuesto comité de expertos porque aquí no se trata de dar lecciones de periodismo a nadie. Es sólo a los jueces a quienes corresponde estimar si una información incurre o no en delito, ya se trate de proteger la imagen del presidente del gobierno y la de su familia, o la de cualquier ciudadano de este país. Cualquier otra fórmula mucho me temo que sea un retroceso hacia nuevas fórmulas de censura que lo mismo nos obligan a repasar la vieja Ley Fraga.
Si (
No(
