Cuarenta y cuatro años de historia la contemplan. El periodo más largo de democracia vivido jamás por nuestro país. Desde luego no está en la calle el clamor para su reforma o sustitución y, sin embargo, está claramente en peligro. Las próximas elecciones, esas que debiéramos tener en 2023, pueden convertirse en constituyentes si se reedita el pacto Frankenstein de Sánchez con los filoetarras de Bildu y los nacionalistas sediciosos catalanes. Derogado ya de facto el delito de sedición y atacado, poco a poco, el Código Penal por diversos flancos, al presidente del gobierno ya no le falta más que asaltar el Constitucional para tener sitiada a la Constitución del 78.
De ahí las prisas por colocar en él a dos de sus piezas clave. Por un lado, el nombramiento del exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo permitirá que él mismo pueda decidir sobre leyes que llevan su propia firma. Por otro, la designación de Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional y alto cargo político en el gobierno Sánchez, como la segunda candidata a formar parte del alto tribunal, es una doble garantía para evitar que sean tumbadas viejas o nuevas normas que apunten al acoso y derribo de la Constitución de 1978.
En este ambiente bochornoso y, por supuesto, con la ausencia en las celebraciones del 44º aniversario de la Constitución vigente en el Congreso de los Diputados de las formaciones de Bildu, ERC y algunos partidos nacionalistas más, cuanto suceda hoy en ese entorno no es sino un acto más de una gran hipocresía gubernamental para salvar los muebles de una actitud torticera e inmoral que no duda en hacer todos los movimientos necesarios para seguir retorciendo la Constitución hasta ver el momento en que pueda dársele el golpe final y definitivo.
Altos dirigentes de Bildu han confesado sin tapujos que los apoyos a los presupuestos del 23 han sido a cambio del acercamiento y la posterior excarcelación de presos de ETA que aún tienen penas pendientes. Tampoco ERC ha escondido que el precio de su apoyo ha sido la derogación del delito de sedición de nuestro Código Penal. A nadie le extrañe, pues, que en un horizonte más cercano que lejano, veamos surgir de la chistera legislativa del gobierno alguna nueva modalidad de referéndum para que País Vasco y Cataluña puedan decidir autónomamente si siguen o no dentro del estado español. Mientras se mantenga Pedro Sánchez al frente del gobierno, que ese referéndum sea o no vinculante, es secundario. Unos y otros no quedarán conformes hasta que el resultado que arroje esa consulta sea justamente la que buscan.
De ahí que, como ya he dicho desde el principio de esta columna de opinión, es fundamental, decisivo, determinante que las urnas de 2023 –o 24–, hablen con claridad meridiana y que sea todo el pueblo español con derecho a voto, no solo una parte de él, quien se pronuncie sobre la continuidad o no del presidente actual y, por ende, de la Constitución de 1978. Después que nadie se queje...
Si (
No(
