Esperpéntica votación la del jueves pasado en el Congreso a cuenta de la reforma de la reforma laboral de Rajoy. Geometría variable entre los aliados del gobierno (en contra Bildu y Ezquerra Republicana, y a favor Ciudadanos), que finalmente fue aprobada por un solo voto que se produjo por error en las filas del Partido Popular.
Y también incidió en el resultado la actitud de la presidencia del Congreso, no una mujer ecuánime, equilibrada e independiente, Meritxell Batet, que tiene mucho más de sectaria y de follower de Sánchez, que de defensora de la equidistancia y de la igualdad entre las formaciones políticas que ostentan representación en la Cámara Baja.
Al menos hay dudas razonables de que, en la votación tumultuosa del jueves, se respetasen escrupulosamente los derechos fundamentales de los diputados y que se cumpliera al tiempo la voluntad de la Cámara. Lo más probable es que, como en otras reyertas políticas entre gobierno y oposición en estos últimos dos años, la cosa se resolverá muchos meses después en los tribunales de justicia.
Sucedió con el estado de alarma, ilegal a ojos del Tribunal Constitucional, pero eso lo supimos dos años después, cuando ya nada se podía hacer para reparar la decisión de Sánchez, más allá de una petición pública de perdón, incluso de una dimisión, pero esos no son verbos que figuren en el diccionario de este gobierno.
Al final, sea en uno u otro sentido, aquí quienes de verdad pierden son las instituciones, en este caso el propio Congreso de los Diputados. No hay sentencia que pueda lavar una sesión tan vergonzosa como la del jueves por muy titular de la soberanía nacional que sea la institución en donde se produjo este lamentable episodio de bochorno nacional.
Y digo bochornoso porque no se siguió el protocolo marcado por el reglamento del Congreso para verificar el voto de Alberto Casero, el diputado popular y porque, de haber podido este corregir su “fallo”, el resultado de la votación hubiera cambiado y lo que, al final fue un sí a la reforma, habría terminado siendo un no a la misma.
Todo ello, claro, si es que los votos negativos de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), los parlamentarios Beltrán y Sayas, se hubieran mantenido en el mismo sentido, en el caso de repetirse la votación. Por el momento, el presidente de su formación, José Javier Esparza, ha pedido a sus dos diputados que devuelvan sus actas por haberse saltado a la torera la consigna del partido, claramente orientada a que votasen sí.
En juego estaba abortar la reprobación del alcalde de Pamplona, Enrique Maya (UPN), y 27 millones de euros en “modificaciones presupuestarias”. Como se ve, las dos eran razones “éticas” y no de puro mercadeo político. Claro que, después de las contrapartidas del gobierno a Bildu o a Ezquerra, a cualquier cosa se le puede aplicar ya el término de “ética”.
Si (
No(
