Una operación maquiavélica. Un, aún, fiscal general del Reino lanzado como un misil explosivo contra la línea de flotación del Tribunal Supremo desde la Presidencia de Gobierno. Es un intento de destruir una institución del máximo prestigio con una carga residual de metralla tóxica procedente de una institución previamente desnaturalizada que se cree que tenía encomendada defender una justicia independiente en nombre del pueblo. Una vez desprestigiada la Fiscalía General como entidad independiente se lanzan sus despojos malolientes contra los propios tribunales cuya limpieza está llamada a garantizar. Es el contrasentido de la historia del Derecho.
Atribuir partidismo al instructor con el que estaría obligado a cooperar. Hacer desaparecer teléfonos móviles y pruebas es como reconocer la culpabilidad. Todo hace verosímil la sospecha de que ese fiscal general prepara una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de ser condenado. Un recurso que quedaría en manos de Cándido Conde-Pumpido para evitar la celebración del juicio. Sería una invasión a cargo de una interpretación por parte de un órgano excepcional de la jurisdicción ordinaria que podía ir borrando el adjetivo de Suprema.
Aquí no hay nadie Supremo salvo Pedro Sánchez. El único Supremo es el señor del ejecutivo y basta. Habrá que estudiar la legalidad de los registros de los despachos oficiales para pedir amparo ante el Tribunal Constitucional para dilatar los tiempos y que haya que pasar página. Lo de Supremo puede quedar en el ámbito de lo superfluo.
Si (
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