La mayor catástrofe del siglo ha pillado a la presidenta del Gobierno en funciones María Jesús Montero, como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda preocupada en reducir el déficit del Estado con el aumento de impuestos a las grandes empresas sin que se sepa cuál es el objetivo de dicha recaudación. Mala suerte, porque no habrá en mucho tiempo impuestos suficientes para cicatrizar las profundas heridas del drama económico y social. Pero es a lo que habrá que hacer frente prioritariamente. Las ganancias previstas para la propaganda del césar Pedro Sánchez se van a ir por el pozo sin fondo, hoy por hoy difícilmente calculable, de una restauración que de no cumplirse significará la muerte política definitiva de los responsables. Pero entre tanto la ganancia de las empresas privadas despierta la voracidad recaudatoria del Gobierno. Así se intenta crear los “impuestazos” como prolongación indefinida de recaudaciones temporales. Sin saber para qué. La presidenta del Banco de Santander, Ana Botín ha recordado a quien ha querido oírlo el aviso de que “cuando una empresa es rentable crea riqueza y oportunidades para las sociedades donde opera”.
Su consejero delegado, el fiel Héctor Blas Grisi Checa, que no confunde las funciones ejecutivas con la presidencial, fue más explícito y declaró en rueda de presa de resultados: “Haremos todo lo que se tenga que hacer para tratar de que esto no suceda”. “Esto” en el lenguaje neutro y cauteloso de Grisi quería decir “el impuestazo” a los bancos y energéticas. Lo que no explica es que es “lo que se tenga que hacer” que se supone secreto de empresa. El consejero delegado de BBVA Onur Genç coincide en la elusión: “Tenemos lo que tenemos”. El resultado ha sido negativo. El impuesto sobre la banca permanecerá para tres años, y el de las energéticas desaparecerá de los planes de la vicepresidenta Montero. Se supone que las energéticas han sido más eficaces con sus amenazas de huida de las inversiones. Como consuelo se podrá deducir de Sociedades unos puntos de presión recaudatoria. La filosofía de estas presiones en lo que respecta a la banca reside en considerar a los banqueros como usureros que forman en el sector nefasto de “los que más tienen” no se sabe si odiado o envidiado por los demagogos izquierdistas. Aunque el golpe “a los que más tienen” consiste en subir un poco el IRPF a los rendimientos de capital por encima de 300.000 euros al año.
Es ridículo que sean empresarios y banqueros quienes tienen que recordar al Gobierno que no son sus enemigos y que las ganancias empresariales deben de ser motivo de satisfacción, síntoma de progreso y marca de la nación. Los “impuestazos” siempre corren el riesgo de ser eliminados por los tribunales europeos por su amenaza de doble imposición. ¿Por qué unas compañías sí y otras no? Para resolver este enigma hay que consultar a los asesores “monclovitas” que rodean al presidente Sánchez y a su esposa y que no parecen temer la sombra de Ferrovial ni observan cómo los grandes fondos congelan las firmas estratégicas y las grandes empresas deslocalizan sus proyectos hacia otras tierras.
Círculo de Empresarios, una de las entidades más antiguas e influyentes del empoderamiento español parecen estar subrayando a Ana Botín cuando denuncian “Una invasión indebida y una utilización indebida de recursos públicos”, son síntomas de arbitrariedad fiscal de un Gobierno de corte autoritario pero de ineficacia práctica. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha contratacado la presión recaudatoria del Gobierno exponiendo como los planteamientos fiscales arbitrarios lejos de mejorar la justicia social provocan el efecto contrario: “Menos inversión y menos oportunidades”. “En pocos países europeos se trabaja mejor que en España. Pero nos falta capital”. Pero cuando todo el mundo desregula y liberaliza las intrusiones oficialistas, España se convierte en el escenario del control y del intervencionismo.
Mientras Cepsa y Repsol triunfaron contra el “impuestazo” otros sienten abierta la vía de penetración en la banca con argumentos tan fáciles como recordar los nombres provinciales que mantienen el orgullo de sus raíces geográficas en Bilbao y Santander. En el punto de mira Talgo, Indra, Iberdrola e industrias de defensa. Un afán desmedido de partidismo para reforzar oscuros apoyos a los presupuestos generales es lo único que explica el asalto a las entidades privadas para complacer oscuros compromisos con el secesionismo y las mentalidades que ponen en riesgo la elasticidad de la economía. Se olvida que el crecimiento y la expansión de nuestras empresas son el síntoma más inconfundible de una auténtica prosperidad nacional.