OPINION/Victor Gijón
Guerracivilistas contra Garzón
viernes 05 de septiembre de 2008, 16:47h
La decisión del juez Garzón de pedir a distintas instancias información sobre los desaparecidos en la guerra civil y primeros años de la Dictadura de Franco sigue provocando reacciones, la mayor parte de ellas guerracivilistas.
Tal parece que el derecho objetivo de unos españoles a conocer dónde fueron enterrados su familiares asesinados puede acabar con la democracia. ¿Pero qué democracia puede guardar en el fondo del armario miles de cadáveres, cuya suerte se desconoce? ¿Es que alguien en su sano juicio piensa que son los deudos de los asesinados quienes tienen que investigar los crímenes y encontrar los cuerpos de las víctimas?
Que hayan pasado setenta años desde aquellos terrible sucesos no puede ser presentado como eximente. Es, por el contrario, la demostración palpable de que el sol democrático, alumbrado en 1978 con la aprobación de la Constitución Española, no brilla igual para todos. Quienes acusan al juez Garzón de parcialidad porque la información demandada sólo afecta a los de un bando (el republicano), olvida que los del otro bando (el llamado nacional) tuvieron 40 años para reivindicarse tras su victoria, muchas veces a costa de los del bando contrario (los derrotados en la guerra civil).
Pongamos un caso especialmente horrible: Paracuellos del Jarama. En ese punto de la geografía de la barbarie humana fueron fusilados cientos de presos del bando franquista. Todos y cada uno fueron identificados y sus restos puestos a disposición de sus deudos. Eso es lo que piden las familias de los republicanos, socialistas, comunistas, también militantes cristianos... Los deudos de soldados que se mantuvieron fieles a la república, de intelectuales demócratas, de maestros de escuela y tantos y tantos que dejaron su vida en carreteras y tapias de cementerio, víctimas de odios cainitas y venganzas personales, pero sobre todo de un meticuloso, preciso e intencionado plan de aniquilación del opositor.
Una de las dos Españas, la vencida, se merece, por razones humanitarias e históricas, que la democracia le restituya con objetividad un pasado que los vencedores intentaron borrar a sangre y fuego. De eso se trata y nada más. Quien ve en la providencia judicial y en la Ley de Memoria Histórica afanes vindicativos se equivoca o miente,