Entorpeciendo el progreso

Para generar riqueza y fuentes de empleo es necesario que la economía crezca a tasas elevadas. Sin embargo, varios artículos del proyecto de Constitución atentan contra el crecimiento de la economía ecuatoriana y, de ser aprobados, impedirán que la gente mejore su calidad de vida.

En primer lugar, el proyecto concede un excesivo peso al Estado dentro de la actividad económica. En varios artículos se establece que el Estado es el encargado de “planificar el desarrollo nacional” y el artículo 277 dice que es tarea del Estado “producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos”. Este punto evidencia que el proyecto de Constitución pretende que el Estado (el mismo que administra el IESS, Petroecuador y las escuelas y los hospitales públicos) ejecute tareas que el sector privado puede realizar de manera más eficiente.

En otro punto se establece que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”, es decir, “aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental” (ambigua definición).
 
Además, “el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley”. Estas actividades podrán ser delegadas únicamente “a empresas mixtas en las cuales (el Estado) tenga mayoría accionaria” y “sólo de forma excepcional” a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.

Finalmente, se califica a las actividades financieras como “un servicio de orden público” y se señala que el Estado “fomentará la democratización del crédito”, lo que significa que el Estado podría obligar a las instituciones financieras privadas a prestar el dinero de sus depositantes a quienes no presentan las garantías suficientes.

Por lo visto, los asambleístas de gobierno pretenden que el sector privado, motor de los países avanzados, reduzca al mínimo su participación en la economía y no se han enterado del rotundo fracaso de las “economías centralmente planificadas”.

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