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Acoso y ¿derribo?

Acoso y ¿derribo?

jueves 05 de junio de 2008, 13:13h
Tengo que confesarme indignado por algunas maniobras políticas, o simplemente mediáticas, quién sabe.

   
La que se cierne sobre la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, por ejemplo. No soy precisamente un fervoroso partidario de la trayectoria del alto organismo bajo el mandato de la señora Casas; más bien, me he sentido defraudado ante los continuos golpes que se han propiciado, desde el gobierno, desde la oposición y hasta desde dentro del Tribunal, contra la independencia de esta importantísima institución. Pero una cosa es una cosa y la manipulación desde la oscuridad, otra. Una cosa es informar del mal paso dado por la presidenta del TC accediendo a hablar con una desconocida a la que creía víctima de malos tratos y que resultó ser una presunta asesina investigada por la policía –que controlaba sus llamadas telefónicas—y otro asunto, muy distinto, es que ahora presenten a doña María Emilia como asesora de esa mujer, acusada de haber pagado a unos mafiosos para que disparasen sobre su marido.
  
"Me parece inaceptable pretender atribuir a la señora Casas (...) una labor de asesoramiento que las leyes le tienen vetada"
La señora Casas tuvo un rapto de debilidad, de excesiva amabilidad, un desliz de atolondramiento al ponerse al teléfono y dar palabras de esperanza a alguien de quien desconocía que estuviese implicada en asunto tan grave. Estoy dispuesto a admitir que los jueces, magistrados y fiscales no guardan en España la misma rígida compostura en cuanto a contactos ‘informales’ con partes implicadas que sus colegas anglosajones, por ejemplo. Pero me parece inaceptable pretender atribuir a la señora Casas, cuya honradez profesional me consta tanto como su debilidad a la hora de mantener la imparcialidad política, una labor de asesoramiento que las leyes le tienen vetada.

Comentarios inaceptables

Y más inaceptable aún que algún comentarista radiofónico, apresurado en su afán por desprestigiar al Tribunal Constitucional –como si hiciese falta ayuda para ello--, prácticamente sugiera una connivencia de la presidenta del organismo en el delito de la mujer con la que habló por teléfono. Aplaudo el afán de algunos medios por investigar hasta el más mínimo detalle de la conversación que la señora Casas mantuvo con su interlocutora, en busca de posibles irregularidades; pero me repatean quienes ejercen de juez y parte, de fiscal acusador y de lanzadores de piedras buscando defender solamente sus propios intereses, sus tesis políticas y arrimar el ascua a la sardina de sus propósitos.

   
Hemos asistido a demasiadas maniobras que afectaban al Constitucional, máximo órgano de apelación al que pueden acogerse los españoles antes de acudir al Tribunal internacional de derechos Humanos. El gobierno de Zapatero empezó la manipulación aprobando un ‘decretazo’ para prolongar artificialmente el mandato de María Emilia Casas; luego llegaron las recusaciones, desde el Partido Socialista y desde el Popular, contra magistrados presuntamente parciales; luego, las peleas intestinas entre magistrados, trufadas con algún extraño –demasiado extraño-- episodio que afectó al fallecido Roberto García Calvo

    Y ahora, esto. Empieza a parecer una novela de espías, en las que se trata de acosar a alguien ‘creando’ pruebas para facilitar su derribo. Más valdrá, en fin, que la señora Casas, que ha pasado las últimas horas tan lejos como en Lituania, y cuya aversión a la prensa hasta me empieza a parecer justificada –en algunos casos solamente--, salga cuanto antes a dar las explicaciones pertinentes que eviten que los tontos útiles sigan echando leña a su proyectada hoguera.
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