Fueron 16.000 archivos los que se encontraron en los 3 computadores hallados durante la operación que terminó con la vida de Raúl Reyes y todos ellos fueron entregados a agentes de la Interpol, para que desentrañaran las pistas que pudieran contener en torno a hechos de seguridad que involucran a Colombia.
La data no debe ser compleja de validar con las herramientas que hoy en día existen. Lo que sí es muy cuesta arriba es que un gobierno amigo de las FARC, léase Ecuador o Venezuela, se anime a rendirse ante las evidencias que alguno de esos documentos pudiera imputarle, o que se quede cruzado de brazos frente a los hechos torcidos o delictuales que allí lo señalen.
De allí que resulta muy difícil de entender la vía que ha escogido Colombia, que una vez que entregó a autoridades internacionales creíbles la valiosa data, se ha decidido a proveer a la colectividad, a través de la prensa nacional, a ritmo de cuenta gotas, y sabrá Dios con cuál criterio, los hallazgos encontrados en los discos duros de los equipos de la guerrilla.
La misma prensa colombiana no consigue entender por qué este delicado tema ha sido manejado con una torpeza tan supina. Los secretos de las laptops dejan mal parados a los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, de ello no cabe duda, pero por ello mismo su contenido tenía que haber sido manejado con extremo rigor. Los archivos a los que tuvo acceso The New York Times no sólo revelan que Venezuela ha suministrado armas a la insurgencia colombiana, sino también las contribuciones que la guerrilla hizo en 2006 a la campaña del actual presidente de Ecuador, Rafael Correa. No cabe duda de que el hecho de que sea un periódico estadounidense el que lo explicite resta imparcialidad.
No es difícil imaginarse que, con la data que sea comprobable, Colombia se apreste a armar un caso objetivo, legal e irrefutable, para poder llevar a Venezuela o a Ecuador, si la coyuntura lo amerita, a la Corte Internacional de La Haya. Nada más certero como estrategia. Y por ello luce estúpido que el contenido del mismo esté en manos del público y, sobre todo, que haya sido puesto en manos de quienes deberían en el futuro defenderse eventualmente de sus imputaciones.
Es posible que todo ello haya sido calculado por el gobierno de Álvaro Uribe y que el material entregado a los gobiernos de Ecuador y de Venezuela haya sido pasado por un cedazo, pero no para agregar, sino para extraer. Pero dada la naturaleza en extremo sensible del material, pareciera que lo sensato hubiera sido proteger estas pruebas y no someterlas al empobrecimiento de su valor probatorio poniéndolas justamente en manos de los más interesados en su manipulación.
Beatriz De Majo
Bdemajo@cantv.net
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