Las indefiniciones ideológicas se entendían como hábiles maniobras para abarcar un mayor electorado y al hablarnos de revolución, se sobreentendía como sinónimo de progreso, de avance en las ideas, de conquista de derechos y en fin, de colocar al país en el siglo XXI.
Dos asambleístas, con las banderas de la inquisición, han logrado que temas de álgida discusión como son el aborto, el nombre de Dios, la unión de gays y lesbianas, así como el Estado laico, no sean considerados en los temas constitucionales.
La otra parte del bloque oficialista pedía que las excepciones sobre el aborto sean exclusivamente las contempladas en el Código Penal que data de más de 40 años, y que se retroceda a considerar como ser humano desde el momento de su concepción.
Esta discusión es entre fundamentalistas católicos. Asuntos de tanta trascendencia como la soberanía del cuerpo, los derechos humanos de la mujer, las políticas públicas sobre planificación familiar, el uso de anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, la pastilla del día después y, en general, el respetar a la mujer como ser humano, no son para ellos derechos constitucionales.
Se trata de una burla, una ofensa a un país que no puede tolerar el retorno al clericalismo sectario. La igualdad de la mujer y su derecho al trabajo, a la educación, al sufragio, la libertad de cultos, el Estado laico, el divorcio y la supresión de los diezmos (que hoy se retoman), son parte de nuestros derechos políticos.
Fueron antorchas prendidas e impuestas por los líderes liberales de fines del siglo XIX y no fruto de burdas mayorías o infantiles encuestas.
Si (
No(
