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Los usuarios, los políticos de oposición y la ciudadanía en general reprobó las excusas de Torrijos, quien pidió tiempo para anunciar cuáles serán las medidas que tomará para solucionar el problema del transporte, uno de sus temas de campaña. Se especula que Torrijos anunciará la compra de nuevos buses, pero los usuarios aseguran que el estado mecánico del equipo no es tan importante como la actitud de los conductores.
Las muertes y mutilaciones continúan causando el pánico de los usuarios del transporte público, incluidos buses y taxis, mientras que ningún gobierno ha sido capaz de poner un remedio a la tragedia diaria que sufren cientos de miles de panameños, que forman filas de hasta 3 horas para abordar un bus. Cuando lo hacen, son sometidos al maltrato del conductor y un secretario llamado “pavo”, quienes generalmente son acusados de drogadictos, maleantes y borrachos por los usuarios.
Quien aborda un autobús debe someterse a los caprichos de su conductor, a veces un mozalbete insultante y despreciativo, que no respeta edades ni condiciones físicas de sus clientes. El bus es una especie de arma que el chofer blande a diestra y siniestra, sin que los usuarios puedan hacer nada. Lo que queda, y debe evitarlo el gobierno, es que algún día los pasajeros indignados linchen a un conductor y a su “pavo”, por desoír las súplicas de que suspendan las carreras con otros conductores igualmente incautos, bajen el volumen de la música, respeten a las damas que abordan el bus, esperen a que los pasajeros suban y bajen antes de arrancar nuevamente, recojan a los estudiantes y no sobrecarguen de pasajeros el autobús.
Las muertes en la calle por atropello, vuelco e incendios, producidas por imprudencia de los conductores o mal estado electromecánico del equipo, ascienden a más de 300 desde 2004 hasta finales de 2007. Se suma a esta alarmante cifra un estado de malestar porque los conductores irrespetan a sus clientes.
La ciudadanía sospecha que en el tema del transporte hay un substrato político, que ata la voluntad de los gobernantes y dirigentes del sector, y que “ponerle el cascabel al gato” tiene un costo políticamente impagable. Mientras, no hay solución, ni gobernante que se atreva a enfrentar a esta casta infausta de imprudentes, cuyo triste poder podría ser la misma causa de una condena conocida: justicia por propia mano.