El presidente de Panamá, Martín Torrijos, aseguró que la cooperación con las autoridades colombianas ha evitado la incursión de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio panameño.
"Tenemos una frontera común porosa, pero a pesar de lo difícil de controlar, tengo que reconocer que en los últimos años ha disminuido considerablemente el número de incidentes".
El mandatario panameño, quien asiste en Chile a una reunión de la Internacional Socialista sobre desarrollo sostenible, agregó que la "buena coordinación fronteriza" con Bogotá ha permitido "que en los últimos años sean pocos los incidentes de fuerzas irregulares que han incursionado en territorio panameño".
A finales de febrero, las autoridades panameñas detuvieron a seis presuntos miembros de las FARC y el canciller colombiano, Fernando Araújo, dijo entonces que existía el peligro de que este grupo armado tratara de cruzar la frontera con Panamá.
Al respecto, Martín Torrijos declaró que se trató de "un caso esporádico" y expresó su confianza en que la relación binacional sirva para evitar cualquier incursión".
"Nuestros servicios de seguridad actúan, como estamos haciendo en el caso de estas personas que entraron de forma irregular y armada en el territorio panameño y ya están siendo procesadas por la justicia", subrayó.
Los seis presuntos guerrilleros de las FARC estaban en una lancha en aguas territoriales del Pacífico panameño y, tras un intercambio de disparos con la policía, fueron detenidos y trasladados a la capital del país para ser recluidos en una cárcel de alta seguridad a la espera de juicio.
Martín Torrijos también se refirió a las advertencias del Gobierno y del Congreso estadounidenses de que no ratificarán el Tratado de Libre Comercio hasta que no se retire de la presidencia del Parlamento panameño Pedro Miguel González, acusado por la Justicia de EE.UU. del asesinato de un soldado de ese país. "Seguimos esperando una oportunidad para que el tratado sea ratificado", manifestó el gobernante, quien aseveró que el nombramiento de Pedro Miguel González "es una decisión soberana de un órgano legislativo panameño".
Asimismo, calificó de "especulación" la posibilidad de que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos se vean dañadas si la actual ministra de la Vivienda y presidenta del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, le sucede en el poder tras las elecciones del próximo año. Herrera, quien fue colaboradora del Gobierno del ex general Manuel Antonio Noriega y activista antiestadounidense, aspira firmemente a sustituir a Martín Torrijos en la Presidencia de Panamá como candidata del PRD.
"Todos los países somos respetuosos de las políticas internas; yo no he escuchado ningún comentario de los Estados Unidos sobre ningún candidato presidencial panameño, de ninguno, como nosotros tampoco hemos expresado opinión sobre los candidatos presidenciales en Estados Unidos", enfatizó Torrijos.
El mandatario reiteró el interés de su Gobierno en conseguir la extradición de Noriega, a pesar de que los tribunales estadounidenses han accedido a una petición en este sentido de la Justicia francesa y han desestimado la panameña.
"La decisión no es nuestra, sino que depende del sistema judicial de Estados Unidos y nosotros seremos respetuosos con la decisión que tome", puntualizó Torrijos.
Tras señalar que Panamá "está evaluando" la posibilidad de formar parte del Sistema de Integración Económica Centroamericana (SICA), Martín Torrijos indicó que su Gobierno trabaja junto a los demás países del istmo "para un acuerdo de entendimiento con la Unión Europea" en materia de libre comercio.
El jefe de Estado destacó, además, los avances logrados por los expertos de Panamá y España en las reuniones mantenidas para alcanzar un acuerdo que resuelva las controversias en los ámbitos fiscal y de inversiones.
En julio del pasado año, Torrijos y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometieron a alcanzar un acuerdo para que España deje de considerar a Panamá un paraíso fiscal y sus empresas no sean vetadas en las licitaciones de obras públicas.
"A veces sucede esto por desconocimiento del sistema impositivo panameño y de cómo opera nuestro sistema bancario, pero existe una voluntad política por parte de España de abordar este tema", señaló Torrijos, quien confía en "una solución que sea satisfactoria tanto para las empresas españolas como para Panamá".
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