De la Vega le dijo a Blázquez que los obispos se abstengan de hacer valoraciones políticas

 Se esperaba una dura reacción del Gobierno a la posición de los obispos respecto a las elecciones generales del 9 de marzo, y la vicepresidenta primera no ha defraudado. Después de la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha reconocido que ayer mismo habló con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para quejarse del hecho de que la cúpula eclesial se inmiscuya de esta manera en un proceso electoral político. También ha reconocido De la Vega que nuestro embajador ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, transmitirá la misma opinión al Vaticano.

Sobre ese punto, De la Vega ha querido quitar hierro a los ‘contactos’ con la alta curia, enmarcándolos en las “relaciones institucionales frecuentes” entre el Gobierno y la Iglesia Católica, pero reconoció que “la opinión que he expresado aquí [en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros] es la que le he expresado al presidente de la Conferencia Episcopal”.

Pero, claro, lo que De la Vega ha dicho en rueda de prensa tiene suficiente fuerza política: “Los ámbitos de actuación son diferentes, completamente distintos”, empezó por afirmar, “ésa es nuestra legitimidad: los ciudadanos; la Iglesia tiene sus fieles. El gobierno, desde luego, lo respeta. De la misma forma que al Gobierno le juzgan los ciudadanos, a la Iglesia Católica la juzgan sus fieles. Y corresponde a los files decidir si es tarea de los obispos hacer valoraciones políticas o apoyar directamente a unas opciones políticas frente a otras”.

Dicho lo cual, De la Vega añadió que “el Gobierno considera, en primer lugar, que el terrorismo debe quedar siempre fuera de los intereses partidarios. En la lucha contra el terrorismo no debe haber más voluntad que ponerle fin, sin caer en la tentación de instrumentalizarlo; y, en segundo lugar, el Gobierno echa de menos expresiones en los obispos como generosidad, concordia o convivencia que se ajusta más al espíritu y voluntad de la inmensa mayoría de fieles y de los ciudadanos españoles”.

Abundó aún más la vicepresidenta en esta rueda de prensa casi monográfica: “Habrá que preguntarle al Partido Popular si tiene alguna influencia sobre la Iglesia Católica, o a la Iglesia Católica si tiene influencia en el PP. Confidencias las hay, desde luego”. Y, dicho lo cual, insistió en que el Gobierno es “respetuoso” respecto a la  autonomía de la Conferencia Episcopal, por ejemplo, en la elección del nuevo presidente de la CEE que los obispos realizarán a principios de marzo. Era una forma de decirle a la alta curia que respete también el proceso electoral político.

Siguiendo con este tema, el de las relaciones Iglesia-Estado, De la Vega profundizó en que hemos pasado de un sistema de dotación presupuestaria a la Iglesia Católica a otro de ‘contribución’ “en función de la voluntad de los fieles en esa vía de avanzar en la autofinanciación”. En el ámbito de la educación reconoció que “ha habido acuerdos y desacuerdos”, pero que en cualquier caso el Gobierno “no ha cedido” en sus compromisos con los ciudadanos, por ejemplo, en la asignatura de religión: el PSOE prometió en campaña que no sería asignatura computable “y hemos introducido una asignatura de Educación para la Ciudadanía”. En definitiva, que el Gobierno ha ido avanzando “en la laicidad que está garantizada por nuestra Constitución”.


Más justificaciones sobre negociación con ETA

Habida cuenta que la pastoral de los obispos sobre el proceso electoral pedía que no se votara a partidos que han hecho de los terroristas de ETA interlocutores con el Gobierno, De la Vega pasó a la justificación de la continuación de conversaciones con los terroristas después del atentado de Barajas.

 Dijo al respecto: “ETA rompió esa posibilidad [la de buscar una salidad negociada]; la rompió con el atentado de la T-4, y a partir de ahí se rompió toda posibilidad” de diálogo. No obstante, “determinadas organizaciones internacionales expertas en estos temas, algunos Gobiernos que habían participado cuando estaba el proceso en marcha, siguieron sondeando si había alguna posibilidad y se lo trasladaron al Gobierno de España. Punto, eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno. Creo que está claro; está clarísimo”.


La indignación de una víctima

Bárbara Dürhkop, vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, ha recordado este viernes que el obispo José María Setién se negó a oficiar una misa en la Catedral de San Sebastián por su marido, Enrique Casas, asesinado por ETA en 1984.

“Entonces me sentí vapuleada por la Iglesia Católica y hoy vuelvo a sentirme igual cuando veo la enorme hipocresía de algunos obispos”, ha declarado la viuda del senador Enrique Casas. 

“Todos estos años pagando impuestos para una Iglesia que en lugar de trabajar por la paz y la convivencia se dedica a hacer política al amparo de la púrpura -ha continuado la eurodiputada socialista-. Parece mentira que tengamos que recordarles que estamos en un Estado de derecho y que ellos son los menos indicados para sustentar la vara de medir la moralidad”.

“Exhiben exactamente la misma inmoralidad que el PP al utilizar el terrorismo en la contienda política”, ha concluido  Bárbara Dürhkop.


Llamazares pide "más firmeza"

Por su parte,  Gaspar Llamazares ha instado a los dirigentes del PSOE no sólo a criticar la nota de los obispos, sino también a hacer visible una posición política "clara" y definida" para "avanzar" en la aconfesionalidad del Estado.

El coordinador general de IU apostó por revisar los acuerdos Iglesia-Estado, “que datan de tiempos preconstitucionales”, para progresar socialmente en un sentido laico y acabar así con “los privilegios financieros” de que goza la Conferencia Episcopal, que “debe asumir un modelo de autofinanciación”.

Llamazares consideró que "defender la Constitución” requiere “eliminar los privilegios" de la Iglesia y "avanzar en legislación civil que reconozca la pluralidad moral de nuestro país", ya que lo que intenta la Conferencia Episcopal es "que la moralidad católica se convierta en la oficial".

Así, preguntó al Partido Popular si convertirá “en oficial” esa moral, si derogará los matrimonios homosexuales y la asignatura de Educación para la Ciudadanía, si hará obligatoria la enseñanza de la religión en las escuelas y si la Iglesia decidirá en materia de política antiterrorista.