La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con Pedro Rocha al frente como presidente de la Gestora tras la dimisión de Luis Rubiales, pagó 1,8 millones de euros a Jorge Vilda para evitar ir a juicio tras su despido como seleccionador del equipo nacional femenino en septiembre de 2023.
La intención inicial del organismo al dejar de contar con los servicios del entrenador madrileño era pagarle desde que asumió las riendas de 'la Roja' hasta el final de su contrato, que expiraba en 2024.
Sin embargo, la oferta de renovación que Rubiales le extendió en su última Asamblea como presidente complicó el asunto, según ha informado 'Relevo'.
El ex presidente de la RFEF ofreció a Vilda seguir a los mandos de la campeona del mundo 4 años más con una salario de medio millón de euros por temporada. Una propuesta que nunca llegó a ponerse sobre el papel ni a firmarse.
Aun así, el actual seleccionador de Marruecos reclamó el año restante de su contrato más todo lo que Rubiales le había planteado durante su discurso. Después de embolsarse por ganar la final de fútbol femenino 500.000 euros, el doble que las jugadoras.
En concreto, el entrenador se acogió al Estatuto de los Trabajadores y al reglamento interno de la Federación para defender su postura, argumentando que el primero otorga validez a los contratos verbales, mientras que el segundo da a su presidente la potestad de alcanzar un acuerdo con los seleccionadores, algo que la Junta Directiva debe aprobar primero y que, en este caso, no sucedió.
"Despido improcedente"
Vilda también pidió que se reconociera su antigüedad desde 2008, cuando empezó su relación laboral con la RFEF trabajando en las categorías inferiores, y no desde su llegada a la selección absoluta femenina, así como que la Federación admitiese que su despido era improcedente tras haber conseguido los objetivos deportivos fijados.
La RFEF se nego y el asunto terminó con la apertura de un juicio, aunque no se llegó a ir a los tribunales porque Vilda y la Federación alcanzaron un acuerdo por el que el ente federativo desembolsó 1,8 millones de euros brutos al técnico, admitiendo su antigüedad y la improcedencia de su cese.
Al bolsillo del técnico fueron a parar finalmente 1,4 millones netos porque el madrileño es residente fiscal en Marruecos.
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