Las denuncias, en defensa de la Policía

Ha sido noticia en fechas recientes la decisión del magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional de inhibirse respecto a la denuncia presentada por el SUP contra Jiménez Losantos, por considerar que no es competente dicha Audiencia para tal asunto, remitiendo la denuncia a los juzgados de instrucción. Aún no se ha pronunciado el magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 en relación a otra denuncia presentada contra otro periodista pero es previsible, aunque existe alguna diferencia respecto al anterior, que se producirá el mismo pronunciamiento.

Los servicios jurídicos del sindicato valoraron esta posibilidad antes de remitir las acciones emprendidas a la Audiencia Nacional. Se valoró también entonces si procedía incluir como alegato un presunto delito de calumnias o injurias contra el Gobierno o alguno de sus miembros, siendo descartada esta posibilidad. Nuevamente, tras conocer el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 1, se ha descartado la posibilidad de realizar una ampliación de diligencias en el mismo sentido, incluyendo al Gobierno o alguno de sus miembros como víctimas de injurias y calumnias, por la elemental y evidente razón de que el SUP defiende a los policías y a la Policía, no al Gobierno.

En otro orden de cosas pero en relación con este asunto, el director del diario EL MUNDO realizó unas manifestaciones en la mañana de la COPE la pasada semana, en las que decía que estas denuncias del SUP son contra la libertad de expresión y contra la calidad de la democracia. Ya sabemos dónde pone Pedro J. el límite a la libertad de expresión. Si te llaman asesino, criminal, terrorista, encubridor, delincuente, prevaricador…no es lícito defenderse acudiendo a los tribunales de justicia. En cambio, si alguien te acusa de llevar a cabo prácticas sexuales minoritarias, entonces sí es legítimo todo, desde denunciar en el juzgado de Guardia hasta pedir el secuestro de la publicación, porque el honor del ciudadano Ramírez es distinto, se mide por otro rasero, al honor de cualquier policía. 

En España vale lo mismo el honor de Pedro J. que el de cualquier ciudadano.

La libertad de expresión y la calidad de la democracia en España no residen en el ombligo de Pedro J. ni en la libertad para insultar, difamar, mentir, injuriar y calumniar de nadie. Si alguien considera que ha sido víctimas de acusaciones infundadas con extralimitación legal, lo que corresponde en un estado de Derecho es pedir amparo a los tribunales. Porque además no hay ninguna posibilidad de defensa contra algunas personas que utilizan el micrófono para la manipulación más indigna y miserable que se pueda imaginar. Sólo cabe hacerles frente desde el imperio de la ley porque la ley no la dictan ellos, por muy poderosos que sean.


José Manuel Sánchez Fornet es Secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP)