El juez Pedraz desafía al Gobierno de Guatemala

Pedraz ha pedido a esas personas que la información de la que dispongan la pongan en conocimiento de ese Juzgado a través de los canales oportunos y adecuados para ello en dichos países de conformidad con lo establecido en el derecho español a tal efecto. Dicha información será oportunamente remitida a este Juzgado para incorporarla a la causa (Diligencias Previas 331/1999).

El Auto de Pedraz viene a raíz de la resolución dictada el 12 de diciembre de 2007 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por la cual entiende que España “no tiene competencia para la investigación de los delitos que se instruyen en la presente causa (genocidio, terrorismo y torturas, asesinato y detenciones ilegales contra civiles y miembros de la etnia maya, encontrándose entre las víctimas ciudadanos españoles)”.

Ante ese entorpecimiento de la labor investigadora de la Audiencia Nacional, Pedraz entiende que entre los años 1961 y 1996, con especial gravedad entre los años 1978 y 1984, en Guatemala hubo más de 250.000 víctimas y que muchas de ellas fueron objeto de graves torturas antes de ser asesinadas. De las mismas, más de 45.000 siguen desaparecidas. Hubo cerca de un millón y medio de desplazados internos y unos 150.000 que buscaron refugio en México. Unas 430 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres. El 93 % fue perpetrado por agentes del Estado guatemalteco. El 83 % de las víctimas eran mayas, el 17 % ladinos. En su conjunto, pese al tiempo transcurrido, tales hechos no han sido investigados por las autoridades guatemaltecas, por lo que los delitos siguen impunes.

En esas circunstancias, Pedraz sostiene que el 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos del departamento del Quiché se introdujeron pacíficamente en la Embajada de España en Guatemala con el fin de que dicha representación diplomática sirviera de interlocutora válida ante sus pretensiones consecuencia del acoso gubernamental guatemalteco a que estaban siendo sometidos

No obstante tales circunstancias, desde el Gobierno de Guatemala se acordó que la Policía y otras Fuerzas de Seguridad entraran en la delegación diplomática sin consentimiento, y que abatieran mortalmente al conjunto de sus ocupantes. En las escasas horas que duró el incidente no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas por el embajador de España, entre ellas al Ministro de la Gobernación: se siguió adelante con el acuerdo inicial de abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes. Como consecuencia de lo anterior murieron 36 personas, entre ellas ciudadanos españoles. Los delitos siguen impunes.

Sobre todos estos sucesos “la actividad de las autoridades guatemaltecas fue -y sigue siendo- nula”, por lo que “las víctimas y perjudicados así como organizaciones de derechos humanos recurrieron a las instancias internacionales. Asimismo ejercitaron las correspondientes acciones penales ante el Reino de España, dándose lugar al presente procedimiento”.

Hasta la fecha, Pedraz ha imputado a las siguientes personas: general Efraín Ríos Montt, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983; general Oscar Humberto Mejía Víctores, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986; general Fernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de Guatemala de 1978 a marzo de 1982 (al parecer fallecido); general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, Ministro de Defensa de Guatemala durante el Gobierno de Lucas García; Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación de Guatemala durante el Gobierno de Lucas García; coronel Germán Chupina Barahona, Director de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García; Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante el Gobierno del General Lucas García; y general Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de su hermano Lucas García.

Todos los anteriores procesados se hallan en busca y captura, habiéndose solicitado la extradición de los residentes en Guatemala.

Debido a la respuesta de nula cooperación de las autoridades guatemaltecas, el juez Santiago Pedraz ha decidido ahora solicitar a todos los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y digitales) guatemaltecos y de países limítrofes —México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos- la publicación de la nota con la que encabezábamos esta noticia: “El Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional de España, a la vista de la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar en la investigación, solicita a todas aquellas personas que sean víctimas, perjudicados, testigos, o cualesquiera otras que puedan suministrar información relevante sobre el GENOCIDIO Y DEMÁS DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PUEBLO MAYA EN GUATEMALA la pongan en conocimiento de este Juzgado a través de los canales oportunos y adecuados para ello en dichos países de conformidad con lo establecido en el derecho español a tal efecto. Dicha información será oportunamente remitida a este Juzgado para incorporarla a la causa (Diligencias Previas 331 / 1999)”.