El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado más de 50 preguntas por cada artículo de esta Ley, y continuaremos así hasta que se hagan efectivos porque cuando se le pregunta al Ejecutivo regional por la Ley no conocen ni el articulado. Si le hablamos de campañas de sensibilización a la población trans, algo que contempla el artículo 10.3, nos responden con una campaña de Metro a personas LGTBI en general. Tampoco cumplen otros artículos de este texto legal, como el artículo 10 de medidas contra la transfobia de la A a la Z. Como tampoco lo hacen con los artículos 20 y 21, de estadísticas y guías de recomendaciones. Y si nos detenemos en el artículo 8.3, sobre la creación de un comité consultivo con las asociaciones, ni siquiera se han molestado en llamar a los colectivos para crearlo.
En lo relativo a la documentación administrativa, tampoco se han elaborado los formularios para la solicitud, y tienen que ser las propias personas trans quienes lo hagan, yendo a la Consejería de Sanidad para que les cambien sus datos de la tarjeta sanitaria. En el ámbito sanitario sigue habiendo problemas sin atender: la definición de los circuitos de derivación sanitarios de las personas trans en proximidad siguen sin estar marcados, convirtiéndose en una peripecia la atención sanitaria fuera de la Unidad de Género, con profesionales que se niegan a atenderlas. También en el sistema educativo quedan tareas pendientes puesto que hay centros que no se atreven a adecuar la documentación administrativa de exposición pública porque el Gobierno no ha hecho los protocolos.
Todo resulta un absoluto despropósito. Ya me dirán ustedes de qué nos sirve tener la ley más avanzada de España, si luego tenemos un Gobierno irresponsable e insensible que no aplica las leyes de obligado cumplimiento.