En plena precampaña municipal y autonómica, el sindicato calificó de “ilegítimo” al Gobierno de Esperanza Aguirre y este, a su vez, lo “inhabilitó” como interlocutor.
La tormenta se desencadenó a finales de enero, cuando José Ricardo Martínez, secretario general de UGT en Madrid, calificó de “legal pero ilegítimo” al Gobierno de Aguirre en la presentación de un informe sobre la gestión del Ejecutivo autonómico.
Como consecuencia, los madrileños asistieron, durante todo el mes de febrero, a un cruce de acusaciones entre el sindicato UGT y el portavoz del Gobierno autonómico, Ignacio González. El Consejo de Gobierno estrenó el mes “inhabilitando” al sindicato como interlocutor en cualquier negociación, tanto sindical como política, hasta que no rectificase sus palabras. José Ricardo Martínez aseguró, al día siguiente, que cuando González dijo “inhabilitar” para referirse a su negociación, en realidad quería decir “ilegalizar, pero se dio cuenta de que no podía ilegalizar a un sindicato”.
Poco después, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, Fernando Sánchez, salió en defensa de su compañero. Sánchez se remitió al transfuguismo de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que obligó a repetir las elecciones autonómicas en 2003 y dio la victoria al PP, para justificar las palabras de Martínez.
Tras presentar otro balance negativo de la política económica del Gobierno de Aguirre, José Ricardo Martínez volvió a la carga el día 22, calificando al Ejecutivo de “regresivo, ineficaz, partidista, antidemocrático y endogámico”, además de “poco respetuoso con los ciudadanos, las instituciones, los ayuntamientos no gobernados por el PP e incluso algunos gobernados por su propio partido”.
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