OPINIÓN/Víctor Gijón
De la Serna debe acudir al Juzgado
lunes 10 de diciembre de 2007, 12:59h
Hay demasiadas interrogantes para dejar que el tiempo las entierre. Si la secuencia de hechos es la que el alcalde de Santander explicó al filo de la medianoche del sábado, no se que espera para ir al juzgado de guardia a denunciar a la empresa constructora que, según las propias palabras de Iñigo de la Serna, podría ser la causante del derrumbe que mató a tres vecinos santanderinos.
Y, de paso, que explique en pleno extraordinario por qué, con los precedentes existentes, se autoriza meter mano a un edificio y no se toman estrictas medidas de vigilancia cuando se comprueba, por denuncia vecinal y no por celo municipal, que la constructora autorizada a dar una lavado de cara al número 12 de la Cuesta del Hospital ha acometido una reforma integrar el edificio, con realojo de vecinos incluido.
Venir ahora anunciando grandes medidas de control cuando han fallado las pequeñas, parece más una fuga adelante que un sacar consecuencias de un trágico suceso. Porque si bien es la primera vez que hay muertos, no lo es menos que no se trata de primer derrumbe en la zona, ya sea por acción de tiempo o por la mano del hombre.
Lo primero que debería hacer el alcalde de Santander, además de poner nombre a la constructora que, vuelvo a citar a De la Serna, podría haber realizado excavaciones no permitidas que estarían en el origen de la caída del edifico colindante, es informar a la opinión pública de quién o quiénes han comprado, en algunos casos bajo presiones y amenazas, la mayor parte de los edificios del Cabildo de Arriba. Esos inmuebles que luego van cayendo como castillo de naipes, dejando espléndidos solares donde hacer espléndidos negocios inmobiliarios.
La sospecha popular, basada en hechos no desmentidos, es que hay intereses urbanísticos importantes es una zona degradada, pero que está sólo a dos minutos a pie del kilómetro cero de Santander: la plaza del Ayuntamiento.
La declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI), que el PSOE viene pidiendo desde hace diez años, habría evitado el deterioro y también la especulación. Porque un ARI permite a los propietarios e inquilinos de los inmuebles situados en la zona protegida acceder a importantes ayudas para mantener en pie sus casas. Quien durante una década se opuso a dar protección al Cabildo, desviando incluso fondos europeos previstos para esa zona deprimida para hacer paseos del agua, pongamos que hablo del PP, debería dar alguna explicación más allá de responsabilizar a un innominado constructor.
Dicho lo cual si es así, es decir que el constructor se pasó de la raya, adelante: denuncia que te crió y nos vemos en los tribunales de justicia. Todo menos enterrar el asunto. Y no es un proceso de intenciones. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el caso de Mercasantander, la empleada infiel y el gestor incompetente
Si (
No(
