La polémica surgió en abril de este año cuando Alberto Garzón, en el contexto de la campaña para las elecicones locales, acusó al Gobierno de ordenar a la Guardia Civil a "asesinar inmigrantes". Estas palabras provocaron que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional demandara al diputado por presuntos delitos de injurias y calumnias.
Garzón realizó esta declaración en referencia a la "hipocresía" de algunas personas, tras varios accidentes con víctimas mortales de embarcaciones con inmigrantes que intentaban llegar, sobre todo, a las costas de Italia.
Las palabras textuales del candidato de IU fueron: “Este es el mismo Gobierno que mientras mandaba a la Guardia Civil a asesinar inmigrantes en la valla de Melilla...aprobaba una Ley de Extranjería que otorgaba permiso de residencia para extranjeros que comprasen viviendas de más de medio millón de euros”.
Aunque el Tribunal Supremo considera que la queja ante estas palabras es "compresible", ha concluído que no hay delito en las palabras de Garzón. La Sala de lo Penal remarca que la frase se pronunció en el contexto de un mitin electoral, ámbito en el que dicen que debe primar la libertad de expresión e información.
Además, añaden que, si admitieran la querella por las palabras de Garzón, tendrían que penalizar "los numerosos excesos retóricos de los mítines electorales".
Por otra parte, el magistrado Alberto Jorge Barreiro señala que las declaraciones de Garzón sólo tenían como objetivo enfatizar las diferencias con que eran tratados los inmigrantes sin medios económicos y los extranjeros pudientes que realizaban inversiones en España.
Aunque eso sí, admiten que los términos elegidos por el diputado fueron "innecesariamente duros".
Si (
No(
A favor (
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