La investigación contra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato,
por cinco delitos fiscales, alzamiento y blanqueo de capitales, regresa
al su juzgado de origen, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, tal y
como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que el titular de este
juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el
magistrado Fernando Andreu investiga a Rato por las causas de la salida a
Bolsa de Bankia y las 'tarjetas black' de la entidad, la Audiencia
Provincial ha optado por seguir el criterio de Anticorrupción.
La Audiencia Provincial madrileña concreta que en este momento "no aparece con claridad" la conexión entre los delitos de los que se acusa a Rato en la nueva causa y los ya investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El juez madrileño podrá volver a inhibirse en un futuro si aprecia la comisión de algún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.
Así, será el juez Antonio Serrano-Artal el encargado de continuar con la instrucción que recayó en sus manos el pasado 17 de abril. El magistrado madrileño decidió inhibirse a favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya investiga a Rato en otras dos causas: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la iniciativa de Serrano-Artal y la recurrió al considerar que si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse "un procedimiento inmanejable y carente de eficacia".
"No hay peligro de que Rato oculte su patrimonio para evitar pagar las fianzas" La Sección 23 de la Audiencia Provincial de
Madrid ha decidido dejar en manos del Juzgado de Instrucción 31 de la
capital la causa en la que se investiga a Rato, al considerar que no existe peligro de que oculte su
patrimonio para evitar abonar las fianzas por responsabilidad civil
impuestas por la Audiencia Nacional porque estas "ya han sido
satisfechas".
La Audiencia Provincial
concreta que la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid apuntaba
que Rato estaba llevando a cabo "actos" para evitar hacer frente al pago
de las fianza impuesta en los procedimientos que investigan la fusión y
salida a Bolsa de Bankia y el uso de tarjetas de crédito opacas al
fisco por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid.
No obstante --concreta el auto-- las responsabilidades pecuniarias
en esas causas han quedado cubiertas de momento ya que "en la primera
se ha depositado una fianza de 800 millones de euros y en la segunda
Rato ha depositado tres millones. "El argumento ya no se sostiene",
agrega la Audiencia Provincial. La Audiencia Nacional rebajó después la
caución de 800 a 34 millones por responsabilidad civil impuesta a
Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro
antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo
Rato.
El auto refleja, además, que la denuncia de la Fiscalía de Madrid
describe "unas operaciones financieras en las que, presuntamente se ha
eludido el pago de impuestos" y se dirige contra una segunda persona,
cuya identidad no facilita.
En opinión de los cuatro magistrados de la Sección 23 "no aparece
con claridad", en este punto, la conexión entre estos delitos y los ya
investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El
juez madrileño podrá volver a inhibirse en un futuro si aprecia la
comisión de algún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.
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