El alcalde de Valladolid defiende que "desde el primer momento" pidió que se cumpliera la sentencia

A menos de un mes de las elecciones y con su futuro político en juego, ya que de ser condenado supondría su inhabilitación automática como cargo público, De la Riva ha reiterado que "siempre preguntaba a la concejala -de Urbanismo- cómo iba el tema, ya que las sentencias hay que cumplirlas. Esa era mi obligación y decisión", ha zanjado.

Los hechos se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declaró ilegal la rehabilitación de un céntrico edificio de Valladolid, en el que el alcalde tiene su vivienda, y obligó a restituir a su estado original, entre otros elementos, unos trasteros convertidos en áticos, lo que no se cumplió hasta 2014, cinco años después y tras cinco requerimientos al regidor para que lo hiciera.

Visiblemente incómodo ante algunas de las reiteradas preguntas que le ha hecho tanto la fiscal como el abogado de la acusación popular sobre su responsabilidad en el caso, De la Riva ha observado que se abstuvo en aquellas cuestiones en las que así lo indicaron desde la vicesecretaria o secretaria de Consistorio por ser vecino del edificio afectado por la sentencia y firmó en las que le indicaron que así lo hiciera.

"Se cumplió la sentencia tarde, pero se cumplió a plena satisfacción de la sala", ha argüido el alcalde de Valladolid, quien ha reconocido que "en absoluto" le parecía normal que se hubiera tardado cinco años en restituir la legalidad del edifico y ha insistido en que aunque "todo el mundo quería cumplir la sentencia", se encontraron con muchas dificultades.

Dos de los tres testigos llamados por la defensa, un perito judicial y una arquitecta municipal, que en principio no estaba previsto que declararan, se han centrado en señalar esas "dificultades técnicas para cumplir con el mandato judicial" en cuanto que había que ajustar las obras al edificio original de 1946, del que apenas existían planos, y finalmente a los del proyecto de rehabilitación de 2000, que contenía errores y contradicciones.

En las conclusiones definitivas, la fiscal, que ha pedido quince meses de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, ha apreciado en el alcalde una "abierta negativa a acatar la resolución judicial", en lo que la doctrina recoge como la "retórica del incumplimiento", que consiste en plantear proyectos para cumplir la sentencia a sabiendas de que "no van a pasar el filtro judicial pero los años van cayendo".

Desde la acusación popular, que ha mantenido la petición de dos años de inhabilitación pero que ha rebajado la multa a 63.875 euros, han calificado de "auténtica tomadura de pelo" que no se hiciera nada para cumplir la sentencia entre abril de 2008 y noviembre de 2010, en lo que suponen no uno sino varios actos de desobediencia.

La acusación popular, que ejerce la asociación de vecinos Antonio Machado, que ha acompañado el juicio con una protesta a las puertas del juzgado, ha observado que las dificultades alegadas por el alcalde sólo surgen en noviembre de 2012, cuando "se ponen a hacer las obras" y la Fiscalía ya había formulado la denuncia por desobediencia.

La defensa, que ha pedido la absolución, ha defendido que la sentencia está cumplida desde 2013, "a plena satisfacción de la sala", y no ha apreciado desobediencia en cuanto que "nunca hubo conciencia y voluntad de incumplir el mandato judicial", no hubo "voluntad dolosa". Ha dudado de que haya habido retórica del incumplimiento, y ha sostenido que fueron las dificultades técnicas las que "justifican la imposibilidad de cumplir la sentencia", porque el propio "rigor en su cumplimiento es incompatible con la prontitud".