Pero ¿sirve para algo el Parlamento?

Usted puede salir a la calle estrechando manos y hasta, rara avis, haciéndose 'selfies' con los entusiastas en Murcia, en Alicante, en el distrito 'rojo' barcelonés de Nou Barris; usted puede lanzar proclamas desde los atriles mitineros denunciando que más corrupto es el otro -menuda oportunidad electoral le ha dado Rato al socialista Pedro Sánchez: ¿quién se acuerda ya de Chaves y Griñán?--. Lo que no puede usted es eludir el papel que le corresponde al Parlamento, que es el núcleo de una democracia sana: cuanto más poder Legislativo, menos Ejecutivo y menos Judicial, más vigorosa será la democracia en un país. Así que si usted pide inútilmente, porque la mayoría absoluta de escaños hace oídos sordos, una comisión de investigación parlamentaria sobre el 'affaire Rato', algo anda mal. Si el reglamento de la Cámara Baja impone límites severos a las sesiones de control parlamentario, de manera que el 'caso Rato' que insuficiente o nulamente explicado, también mal asunto.
 
Sí; el Parlamento español ha de mejorar su funcionamiento. Tanto el de la Cámara Baja como, naturalmente, de la Alta, cuya inoperancia es un clamor desde hace décadas, sin que nadie se haya molestado en encabezar una iniciativa para reformarla. Rodrigo Rato, que fue un buen portavoz parlamentario del Grupo Popular, me reconoció en un día ya lejano que en el funcionamiento de las Cortes había fallos. Y Manuel Marín, que fue un excesivamente serio presidente del Congreso, se desgastó en vano pidiendo la reforma urgente del reglamento de la Cámara, que esta sesionase con mayor frecuencia y que estuviese sometida a mayores controles. De lo que ocurre en algunos parlamentos autonómicos, cebados de diputados en número claramente excesivo, mejor no hablar: baste ver cómo se ha constituido la Mesa del Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas de marzo.
 
Con este prólogo quiero decir que me parece que no va a bastar con que, este martes, comparezca en el Congreso el presidente de la Agencia Tributaria para, en lo que le competa, explicar, si es que tiene a bien, todo lo relacionado con los feos asuntos que afectan a quien fue vicepresidente del Gobierno de España y hasta pudo haber sido presidente. Es decir, ese Rodrigo Rato que ha acaparado titulares en los periódicos de todo el mundo sin que aún conozcamos exactamente cuáles son los cargos oficiales que pesan en su contra, aunque bien que nos han dejado adivinar que la conducta del hoy juguete roto distó mucho de ajustarse a sus proclamas cuando era político poderoso, en las que exigía la decencia del cumplimiento escrupuloso de las obligaciones tributarias.
 
No sé si, contra lo que sugiere el secretario general del PSOE, el descalabro se arreglaría con el ceso o la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; creo que no es este precisamente el momento en el que Montoro debe abandonar el Gobierno. Me parece que mucho antes de eso habría de producirse una explicación a fondo, en sede parlamentaria, de nada menos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Cierto que el 'caso Rato' se ha destapado -bueno, en realidad no se ha destapado aún, a mi entender: dice Rajoy que nada tiene que ver con la amnistía fiscal, pero aquí nadie detalla nada-en el peor momento, cuando falta un mes para las elecciones municipales y autonómicas que darán el pistoletazo de salida hacia las elecciones generales. Ignoro quién filtró el asunto y convocó a las cámaras de televisión frente al domicilio del ex (hay variedad de rumores sobre la autoría y sobre la demasía), pero flaco favor hizo a la causa del partido que gobierna en nuestro país y que tiene un enorme poder territorial que las encuestas advierten que va a quedar bastante disminuido.
 
Pero ahora, con o sin elecciones a la vista, lo sensato sería hacer frente al chaparrón asumiendo una comisión de investigación en ese Parlamento en el que Rato tanto peso tuvo. Sería un ejemplo de cómo afrontar las cosas con transparencia, porque 'lo' de Rato, sea lo que sea, dista mucho de ser un 'caso particular' y sí, en cambio, es algo que, como hubo de reconocer Rajoy el sábado en Murcia, afecta al PP. A Rato no le tocó en una tómbola ni la dirección del FMI ni, menos aún, la presidencia de una Caja, la de Madrid, que tanto contribuyó, parece, a quebrantar: estaba allí porque era alguien muy vinculado, con largos lazos históricos, al partido que otorgaba tales favores.
 
El 'affaire Rato' es un caso político de primer orden y esta misma semana que comienza, semana de galopada hacia las elecciones del 24 de mayo, deberíamos saber los ciudadanos cómo piensan abordarlo quienes han de hacerlo, más allá de intentar tirar balones fuera tratando de convertirlo en un asunto particular: nadie dijo nada semejante en el caso de la 'herencia' de los Pujol, por ejemplo. Y ya digo: para lavar los trapos sucios, lo que ha de hacerse a la vista de la ciudadanía, nada como el Parlamento. Sobre todo, cuando desde el Ejecutivo no se detectan señales de un verdadero afán regeneracionista. De hecho, apenas se detecta movimiento alguno, lo que parece ya preocupante.