En el Consejo de Ministros de este viernes
El 'escándalo Rato' tendrá continuidad: el Gobierno autorizará publicar la lista de morosos y defraudadores
viernes 17 de abril de 2015, 08:52h
El Consejo de Ministros dará este viernes el visto bueno a la modificación de la Ley General Tributaria, lo que permitirá conocer la identidad de los morosos y defraudadores de la Hacienda Pública. Una vez que reciba el visto bueno del Consejo, la reforma será enviada a las Cortes con la intención de esté definitivamente aprobada en el cuarto trimestre de este año.
La lista de defraudadores incluirá a personas físicas y jurídicas
con potencial económico que deban a Hacienda más de un millón de euros a
31 de julio de este año, y a los que se les hayan pasado los plazos de
ingreso en periodo voluntario.
El Gobierno lleva tiempo dando publicidad a la lista con el
objetivo de propiciar el cumplimiento voluntario y el ingreso efectivo
de las deudas antes del último día de julio, puesto que el riesgo de
salir en la lista puede animar a los morosos a saldar su deuda con el
fisco.
Además de la lista de morosos, se publicarán las sentencias
condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda Públicas que
alcancen firmeza tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven
de hechos acaecidos previamente.
El objetivo de que los incumplimientos tributarios más relevantes
con reproche penal sean publicados es concienciar a quienes no cumplen
con sus obligaciones fiscales para que paguen y eviten el reproche
social.
Mayores plazos para la inspección
Por otra parte, la reforma ampliará los plazos para el
procedimiento de inspección. En concreto, se establecerá un plazo
temporal de duración de las actuaciones inspectoras de 18 meses con
carácter general (actualmente 12 meses) y de 27 meses para entidades que
estén en un grupo u obligadas a auditarse (ahora se contempla una
prórroga de 12 meses).
Además, se regularán los casos tasados de suspensión y se
suprimirán los supuestos de cómputos de dilaciones. Según el Gobierno,
todo esto dota de mayor seguridad jurídica y menor conflictividad.