Si cada español tiene en una
parte de su alma un policía municipal, la otra parte sin duda ha de estar
ocupada por un juzgador. Que no es lo mismo que un juez. Ni mucho menos: son
especies distintas y distantes. Un juzgador es alguien que condena antes de que
se celebre el juicio, alguien al que la palabra 'imputado' le sugiere
culpabilidades sin más matizaciones, alguien con permanentes exigencias de
responsabilidades dirigidas a todos los demás, alguien que acumula peticiones
de dimisiones inmediatas, alguien a quien jamás se le cae de la boca que él es
un luchador implacable contra la corrupción... Un juzgador es uno de esos que se
consideran libres de pecado y perfectamente capacitados, por tanto, para tirar
la primera y la segunda piedra contra el pecador de turno. Y sus víctimas son
muchas: ¡ay del caído! Estoy pensando, sí, entre otros, en
Griñán. Y en
Chaves.
Y en
López Aguilar. Y en alguno que me sé de la 'operación Púnica'. Y en
Ángel
Acebes, y...
Me explico: nada tengo entre
mis motivos personales para defender a ninguno de los citados. Ni son amigos,
ni me deben ni les debo nada. Excepto el respeto debido a la presunción de
inocencia, claro. No creo, por ejemplo, que haya mucha gente que pueda afirmar
que los dos ex presidentes andaluces se hayan lucrado personalmente de toda esa
corrupción generalizada que, no solamente en un bando, ha asolado la Andalucía
de los poderes absolutos que gobernaron durante demasiado tiempo. Tampoco estoy
seguro, yendo al caso López-Aguilar, de que desde las tribunas radiofónicas o
políticas se pueda demostrar así, sin más, que alguien es un maltratador,
especialmente cuando desde los ámbitos de la propia presuntamente maltratada se
niega que haya existido violencia de género. O recuerde usted aquella
imputación, luego levantada, dirigida contra Ángel Acebes como consecuencia de
cosas que ocurrieron en sus tiempos de secretario general del PP. O tantas,
tantas otras penas infamantes, de telediario, que desde los medios, pero muchas
más veces desde los cenáculos y mentideros políticos, se han impuesto a tantos.
Y no creo que la lucha contra
la corrupción pase necesariamente por estos linchamientos para los que aún no
existe una causa precisa. Es más: el tiro en la nuca indiscriminado puede ser
un importante lastre en esta lucha contra los verdaderamente corruptos. Hay
responsabilidades políticas que no son penales. Y hay responsabilidades penales
que no son políticas. Y hay apariencias que no son certezas. Y hay 'vendettas'
disfrazadas de afán justiciero.
Recuerdo que un político
sensato, como
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y candidato 'in
pectore ' a quién sabe qué más en el futuro, se atrevió a decir un día que una
imputación no tenía necesariamente por qué significar el cese inmediato de un
político en activo. Dos mil quinientos imputados por 'causas políticas', o
político-económicas, hay ahora en España, aseguran quienes se han ocupado en
hacer el cómputo. No me atrevería a lapidar a ninguno, así, sin más:
naturalmente que sí me atrevo, en cambio, a afirmar que hay jueces -esos quizá
también, a veces, juzgadores-que se lanzan a repartir imputaciones como si
fuesen anatemas malditos.
Y claro, como todo, o casi,
es gratis, la basura se esparce a placer, y no hay límites para el exceso. Así,
¿por qué no iba alguien como el ex socio de
Urdangarín, el cada día más
lamentable
Diego Torres, a atreverse a pedir que en el juicio del 'caso Noos'
comparezcan los reyes y media corte celestial? El caso es contribuir al
espectáculo; pasen, vean y lapiden un poco.
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El blog de Fernando Jáuregui: 'Cenáculos y mentideros'