La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha explicado que, junto con los diferentes órganos de representación de los empleados públicos de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, (juntas de personal y comités de empresa de las cinco provincias) han considerado la conveniencia de disponer de un protocolo de actuación frente a aquellos casos en los que se haya producido algún tipo de agresión de carácter física o psíquica en el ejercicio de sus funciones.
El protocolo suscrito contempla la elaboración de un informe del responsable del centro donde se produjera la agresión a la dirección del organismo correspondiente y posterior remisión a la Subdelegación del Gobierno correspondiente.
El informe se elaborará dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores a la agresión, por escrito y recogerá una descripción de los hechos junto a cualquier dato que pueda completar la información sobre los mismos: denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informe médico si existiera, datos de posibles testigos, reincidencia de los hechos y cualquier otro extremo de interés.
La dirección del organismo remitiría a la Secretaria General de la Subdelegación del Gobierno correspondiente, en el plazo máximo de dos días desde que se produjo la agresión, el informe del responsable de la unidad junto a cualquier otro tipo de datos adicionales que pudieran haberse recabado.
En caso de que la agresión se produjera entre empleados públicos, o bien, entre estos y personal de empresas privadas que trabajen en las oficinas públicas, como guardas de seguridad, personal de limpieza o similares, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en el informe, indicando las personas intervinientes y demás datos de interés.
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