jueves 19 de marzo de 2015, 13:18h
Mal
asunto cuando los servicios nacionales de inteligencia están en boca
de todos y sus actividades inconfesables aparecen colgadas en las
redes sociales. Todo ello sucede por culpa de las maniobras
tenebrosas que han enterrado la carrera política de Ignacio González
bajo el lodo de la sospecha y la desconfianza. El descabello
fulminante del Presidente González, encadenado aparentemente a los
manejos policiales que el mismo denuncia, ha removido las aguas
subterráneas en las alcantarillas del Estado y una espuma delatora
flota en la superficie del depósito. Aquello que se nos presentaba
como la investigación reglada de una denuncia en los juzgados, se ha
convertido en munición política de grueso calibre. Conocemos la
identidad del objetivo elegido, pero poco o nada sabemos de los
posibles muñidores de una operación tan evidente. En cualquier
caso, las secuelas del suceso se amontonan en los despachos
principales del Gobierno.
Resulta
inexplicable que presuntos agentes secretos, con muchos años de
actividades clandestinas a sus espaldas, se descubran repentinamente
en la pasarela mediática sin taparse lo más mínimo. Parece también
incomprensible que se conozcan los escenarios donde han desplegado
sus misiones encubiertas, relacionados todos ellos con el terrorismo,
el tráfico ilegal y los conflictos armados que amenazan la
estabilidad del mundo. El asunto se ha disparatado y las filtraciones
interesadas, de propios y contrarios, se acumulan en los medios de
comunicación. Los afectados utilizan las confidencias como si fueran
armas arrojadizas, citándose en el sotanillo de los espías para
saldar cuentas pendientes, comprometiendo en la pelea a colaboradores
y confidentes, convirtiendo sus antecedentes profesionales en
crónicas de sociedad y aireando informes censurados en la ventana
pública que más les conviene.
De
repente hemos sabido que andan por ahí policías con una grabadora
en el bolsillo, que han sido o todavía lo son espías condecorados
por servicios a la patria, que se reúnen con los sujetos
investigados en locales públicos y que se presentan a los incautos
como tratantes de pesquisas a la carta y expedientes X. Cuando tales
episodios suceden, como es el caso, puede ocurrir que algo de lo
hablado con ellos aparezca, manipulado o no, en las páginas de los
periódicos. No se ha localizado aún el despacho que se utilizó
para filtrar tan golosa y comprometida información. Tampoco sabemos
la identidad de los autores y si actuaron por iniciativa propia o
dirigidos por otros promotores. De inmediato, desde otro foco emisor
distinto, alejado o contiguo, comenzaron a difundirse la vida y
milagros de los investigadores, sus antecedentes políticos e
ideológicos, sus peripecias profesionales y los negocios que
compatibilizaban con la chapa policial.
De
los hechos descritos podría deducirse que alguien ha utilizado a los
agentes como instrumento político, que la autonomía de la que gozan
algunos policías supera la legalidad y que existen disputas y
malquerencias en el seno del CNI. El Ministro del Interior, su jefa
la Vicepresidenta del Gobierno y la oposición Socialista, todos
ellos, mantienen un silencio indecoroso. Una vez más se maneja la
vieja consigna de hacer la vista gorda cuando se trata de garantizar
la seguridad del estado. Una vez más, se nos dice que los ciudadanos
cívicos y pacíficos, limpios de cualquier sospecha, que respetan la
ley y el orden, nada tienen que temer de los funcionarios dedicados a
protegerles, pero yo dormiría más tranquilo si me aseguraran que
nuestros benefactores actúan perfectamente controlados por los
mandos democráticos. Los mortadelos que habitan en el TBO son muy
divertidos y simpáticos, pero reencarnados entre nosotros resultan
peligrosísimos.