La unidad de inteligencia financiera
española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía,
inspeccionó durante meses al Banco Madrid porque su único accionista
tenía sede en Andorra y se dedicaba al negocio de la banca privada,
considerado de alto riesgo por la normativa internacional de prevención
de blanqueo de capitales. El Sepblac concluyó que la entidad pudo
ayudar al lavado de dinero justo antes de que Estados Unidos alertara
de su matriz, el andorrano BPA.
Por si esto fuera poco, la unidad de inteligencia
financiera ya sabía que Banco Madrid estaba implicado en una operación
policial contra el crimen organizado ruso y tenía constancia de una
presunta participación en el flujo de efectivo objeto de investigación
penal. Por todo esto, en la primavera de 2014, entre abril y
mayo, el Sepblac comenzó a investigar a Banco Madrid y a requerir
información hasta septiembre de ese año, para estudiarla y elaborar un
informe muy exhaustivo en los plazos habituales en este tipo de
actuaciones.
La plantilla del Sepblac no se dedicó exclusivamente
a este asunto en ese tiempo, pero los inspectores consiguieron terminar
su trabajo sobre Banco Madrid el 25 de febrero de 2015, con la emisión
de su informe.
A partir de entonces se prepararon los escritos
para comunicar a las diversas partes interesadas y otras gestiones
administrativas habituales, con lo que el Sepblac pudo remitir a la
cúpula de Banco Madrid las conclusiones de su investigación el 9 de
marzo, justo un día antes de que Estados Unidos acusara a su matriz de
colaborar con el blanqueo de capitales del crimen organizado.
Las
conclusiones del Sepblac llegaron también en la víspera de la
intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España, que propició
la dimisión en bloque del consejo de administración de la entidad, el
mismo órgano que ya conocía el informe de la unidad de inteligencia
financiera y era conscientes de lo que se le avecinaba.
En esa
misma semana, el jueves 12 de marzo, el Comité Permanente de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales, presidido por el secretario de
Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, se reunió y acordó por
unanimidad la incoación de un procedimiento administrativo sancionador
por infracciones graves y muy graves, basándose en la investigación
llevada a cabo en los meses previos por los inspectores del Sepblac.
Un día después, ya el viernes 13, la unidad de inteligencia
financiera remitió los hechos al Ministerio Fiscal ante su sospechas de
que ciertas operaciones de Banco Madrid pueden ser constitutivas de
delito y el informe del Sepblac pasó a convertirse en una prueba de
cargo por si se abre la vía penal, con lo que quedó en suspenso el
procedimiento administrativo.
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