La Coordinadora denuncia lo que califica de "devastadores efectos" provocados por la reforma del Gobierno central a la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a personas en situación de Dependencia junto con la normativa que han desarrollado la mayoría de gobiernos autonómicos y que, en su opinión, "han supuesto un evidente y cruel recorte de derechos efectivos sobre las personas en situación de dependencia, que han visto cómo su calidad de vida se ha visto gravemente deteriorada".
Entre las consecuencias de estos recortes denuncian que "miles de personas dependientes hayan visto reducidas a cantidades ridículas sus prestaciones económicas", así como que "cada vez sea más difícil y más caro acceder a la atención residencial, que se haya reducido la intensidad del servicio de ayuda a domicilio o que se haya precarizado el empleo de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales".
117.000 dependientes fallecidos sin recibir prestación
Además recuerdan que se ha producido un recorte de más de 4.000 millones de euros en la financiación de las prestaciones y servicios, suprimiendo la financiación del nivel acordado o que 170.000 dependientes moderados han visto congeladas sus prestaciones hasta junio de 2015.
Este colectivo asegura que "más de 117.000 dependientes han fallecido sin recibir la prestación que por ley les correspondía" y "de forma desvergonzada están siendo utilizados para maquillar las listas de espera".
Piden que se recupere la financiación del Estado así como las prestaciones y servicios que se han recortado, junto a una normativa de ámbito estatal que asegure que todos los dependientes tienen los mismos derechos independientemente de la Comunidad autónoma donde residan y que se recupere la cotización de la Seguridad Social para los cuidadores familiares.
En contra del copago
También solicitan la derogación de la ley y finalmente manifiestan su rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular sobre el Copago que está promoviendo el CERMI. Consideran que "no es el momento adecuado dada las circunstancias de desmantelamiento al que se está sometiendo a la Ley de Dependencia. Este copago supondría en realidad un repago que las personas dependientes no podrán asumir produciéndose, por motivos económicos, una renuncia a todos los servicios imprescindibles para una vida digna de las personas en situación de dependencia".
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