El juez ratifica la prisión de cinco imputados del 'caso Guateque'

Se trata de personas que el juez de guardia, Francisco Javier Teijeiro, envió a prisión en la madrugada del domingo tras tomarles declaración. Estos son Victoriano Ceballos Fernández, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma Concejalía, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de Evaluación Ambiental, Santiago Castillo Morales, y Antonio Sanz Escribano.

El magistrado celebró este viernes una comparecencia en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para escuchar a los imputados, con el fin de decidir si mantenía su situación de prisión. Las ratificaciones se produjeron después de que el juez Francisco Javier Teijeiro, que estaba de guardia el pasado fin de semana, haya remitido a Torres las actuaciones practicadas, una vez que diez de los 17 detenidos por la Guardia Civil pasaran este sábado a disposición judicial.

De este modo, se mantienen las prisiones provisionales decretadas contra los funcionarios Victoriano Ceballos Fernández, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio Ambiente; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma Concejalía; y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica de Evaluación Ambiental.

También seguirán en la cárcel los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la sociedad AC93 —dedicada a la gestión de licencias— y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores.

Tras las comparecencias, que se prolongaron durante más de cuatro horas, el magistrado notificó a los abogados defensores la ratificación de las medidas restrictivas de libertad impuestas a sus clientes, quienes abandonaron las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil que los trasladó de nuevo a las cárceles de Alcalá Meco y de Soto del Real.

Jubilado y en prisión
Además de estas cinco personas, Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra desde este martes en la prisión de Soto del Real por orden del juez instructor por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Se da la circunstancia de que García Sánchez estuvo imputado en el 'caso Sauna Paraíso' sobre supuestas extorsiones a empresarios, del que fue absuelto. Este procedimiento tiene su origen en 1995 cuando una sala gay fue precintada por el Consistorio al no tener licencia de apertura. Su propietario denunció entonces a varios técnicos municipales, entre ellos a García Sánchez, por cobrarle grandes sumas de dinero para abrir este local.

Por otro lado, la Guardia Civil puso este viernes a disposición judicial a otra persona, de 72 años, detenida el jueves por su vinculación con el 'caso Guateque'. Fuentes jurídicas informaron de que el juez de guardia acordó dejarlo en libertad por su edad.