La Generalitat destina más de 80 millones a mantener sus 'chiringuitos'

Un de los entes más discutidos es el Consell Català de l'Audiovisual (CAC), que se dedica a revisar los contenidos que emiten las televisiones en Cataluña para evitar que puedan ofender al espectador. Según la correspondiente memoria presupuestaria, el objetivo del CAC consiste en "garantizar que haya una diversidad de medios independientes y autónomos estableciendo un equilibrio entre su libertad y los otros derechos e intereses igualmente legítimos de los ciudadanos". El CAC esta dirigido por consejeros nombrados a instancias de los partidos políticos. Muchos de ellos son ex diputados. Este año mantener este consejo costará 5,5 millones de euros.
 
El deporte es bueno para la salud. La Generalitat lo sabe y por eso puso en marcha el Consell Català de l'Esport, una entidad que trata de promover la práctica del deporte entre los ciudadanos para "conseguir una mejora del bienestar físico y psíquico de las personas, un fortalecimiento de la cohesión social y la promoción de los valores ciudadanos y nacionales". Con los años, este consejo se ha convertido en una auténtica maquinaria burocrática que costará a los catalanes 63,6 millones de euros en 2015.
 
La política catalana siempre ha mirado con envidia lo que llaman las estructuras de Estado. España las tenía, Cataluña, no. Por eso, poco a poco, tanto el nacionalismo como los gobiernos tripartitos han tratado de construir entidades a imagen y semejanza de las españolas. En España había un CISS, así que Cataluña creó su Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), un ente que se encarga de elaborar sondeos, no siempre fidedignos. El CEO cuenta para este año con un presupuesto de 1,4 millones.
 
Y 3,2 millones más costará mantener en funcionamiento el Consell de Garanties Estatutàries, un organismo que puso en marcha José Montilla deseoso de que se convirtiera en el Tribunal Constitucional catalán. El único parecido entre el ente español y el catalán es que sus miembros son nombrados por los partidos políticos. El Consell emite dictámenes, cuando se lo pide el Parlament para determinar si las leyes que dicta la Cámara catalana se ajustan o no a la Constitución y al Estatut. Pero estos dictámenes no son vinculantes ni tienen ningún tipo de eficacia jurídica, por lo que no son de obligado cumplimiento como las sentencias del Tribunal Constitucional original.
 
A la Generalitat no le parecía suficiente disponer de este servicio que, al fin y al cabo, es de asesoría jurídica. Por eso, se dotó de otro organismo que realiza funciones similares, la Comisión Jurídica Asesora, dotada con un presupuesto de 2,7 millones de euros. La Comisión se encarga de "aprobar dictámenes, consultas, informes, sugerencias y propuestas" y también "promueve estudios, análisis, investigaciones jurídicas y publicaciones". Su tarea se suma a la de los servicios jurídicos con los que cuentan todas las conselleries.
 
Cuando gobernaba Pasqual Maragall y se produjo el famoso incidente del 3% -que hoy, tantos años después, se ha concretado con la declaración de buena parte de la familia Pujol en los juzgados-, ERC propuso crear una Oficina Antifraude para atajar la corrupción. La idea era buena y a la Oficina se la dotó con generosos recursos públicos, pero su actuación ha sido decepcionante. La entidad, cuya actividad se solapa con la de la Fiscalía, no ha logrado detectar casos de corrupción o, si lo ha hecho, lo ha mantenido en secreto. La Antifraude, que este año les costará a los catalanes 4,7 millones, se dedica a impartir cursos de prevención de las malas prácticas y sus dirigentes, a viajar por el mundo asistiendo a cursos anticorrupción, por lo que se han ganado unas cuantas críticas.
 
También tiene su origen en la etapa del tripartito el Memorial Democrático, un organismo puesto en marcha por ICV para recuperar la memoria de la Guerra Civil. Cuando CiU llegó al poder no se atrevió a cerrarlo y ahora se ha convertido en un ente que "pretende mejorar y reforzar el sistema democrático haciéndolo más eficaz y dotándolo de medios para afrontar los nuevos retos de una sociedad en transformación". El Memorial supone un gasto de 1,4 millones de euros.
 
Con una filosofía muy parecida a la del Memorial nació el Instituto Catalán Internacional por la Paz, que este año está también presupuestado en 1,4 millones de euros que se dedicarán a tareas muy concretas, según se desprende de la memoria presupuestaria: "organizar tres seminarios, uno de ellos internacional; editar colecciones propias y publicar en formato digital entre dos y tres trabajos de investigación".
 
A este tipo de entidades hay que sumar las nuevas estructuras de Estado, que el Govern de Artur Mas quiere crear de cara a la independencia de Cataluña, que espera conseguir en las elecciones del próximo 27 de septiembre. Se trata de organismos que en algunos casos ya tienen también su reflejo presupuestario.