La 'ley mordaza', al peor estilo del PP

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, impuesta por la mayoría absoluta del PP sin más apoyos, supone otro retroceso de las libertades democráticas y los derechos civiles y sociales. El PP ha dado otro paso más en el proceso de involución de las libertades democráticas y los derechos sociales que impulsa desde que alcanzó el Gobierno en 2011 con la aprobación en solitario el pasado jueves en el Congreso de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, una verdadera Ley Mordaza que limita derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, manifestación e información. 

En el caso de la ley del aborto, el PP argumentó para su retirada, entre otras razones -como el creciente desgaste electoral que le provocaba la medida--, la falta de apoyos al margen del propio Grupo Popular, una situación que se ha repetido ahora en el Congreso pese a lo cual ha optado por seguir adelante en solitario y remitir el texto sin apenas cambios a un Senado que controla igualmente con mayoría absoluta. En realidad, solo es otro ejemplo, otra vuelta de tuerca más, de la restricción de derechos democráticos y libertades civiles que el Gobierno del PP viene forzando mediante una ingente producción legislativa carente de cualquier consenso y basada únicamente en la potestad de su mayoría absoluta hurtando el debate parlamentario y social. 

La pretensión de imponer altas multas a la participación en el derecho ciudadano a la protesta y la privatización de la seguridad pública no son sino la continuación de la hipertrofia legislativa con la que el PP ha venido minorando derechos elementales: entre otras, la reforma del Código Penal y el endurecimiento de las penas de cárcel, las restricciones a la libertad de opinión en las redes sociales, la ley de tasas judiciales o la reforma que restringe la justicia universal. Esta Ley Mordaza -que supera en su espíritu reaccionario y antidemocrático a aquella ley de la patada en la puerta de Corcuera-, sin calidad democrática alguna y más que dudosa constitucionalidad, supone un retroceso inaceptable de otra de las libertades fundamentales como es la libertad de prensa. 

El hecho de posibilitar la incautación policial de medios de trabajo para garantizar el derecho a una información veraz y libre supone un lastimoso intento de coacción y de censura a los medios de comunicación y a los profesionales de la información gráfica. Queda la esperanza de que, tal y como prometieron todos los grupos de la oposición, la nueva legislación será derogada tras las próximas elecciones.