El sustituto de la vocal del Poder Judicial que dimitió tras sacar dinero de Andorra estuvo imputado pero su causa fue archivada

El decano de los procuradores de Madrid, Álvarez-Buylla Ballesteros, de tendencia conservadora, es el primer sustituto a ocupar la plaza que ha dejado vacante Mercé Pigém, tras dimitir después de ser sorprendida en la frontera de Andorra con 9.500 euros.

El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid abrió una causa contra él y el secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds, después de que la Audiencia Provincial de Madrid se lo ordenase al estimar la querella presentada por la Asociación para la Defensa del Procurador.

Álvarez-Buylla negó haber falseado los estatutos y la secretaria del Consejo reconoció que había cometido un error administrativo, durante su declaración ante el juzgado, el cual remitió la pasada semana las actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid.
No obstante, el Juzgado archivó la causa un día antes de que conocerse que Pigem había sido sorprendida en la frontera de Andorra con 9.500 euros. En un auto con fecha del 27 de noviembre, el magistrado Francisco Javier Teijeiro acuerda el sobreseimiento de los hechos abiertos por un posible delito de falsedad documental, al no quedar acreditada la perpetración de ilícito penal alguno.

La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra Álvarez-Buylla y Reynolds por haber modificado tres artículos del proyecto de estatutos del Colegio, cuando ya había sido aprobado por la Junta General Extraordinaria del 15 de julio de 2010.

En concreto, les acusó de suprimir el artículo 8, sobre las cuotas de incorporación de los colegiados, y el 39, relativo al secreto de deliberaciones de la Junta. Además, afirmó que se alteró el artículo 64.1, en su apartado c, para introducir una adición: "Deberá responder al principio de capacidad económica y se devengará en cada procedimiento e instancia en que intervenga el profesional".

En el auto, que es recurrible, el juez Teijeiro destaca que no se ha probado la participación directa de los querellados en la remisión de ese texto, que finalmente no fue aprobado. La secretaria reconoció que había cometido un error administrativo al transcribir el proyecto de estatuto



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