El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de continuar con la causa en la que investiga las torturas que habrían sufrido cuatro presos en la base militar estadounidense de Guántanamo entre 2002 y 2005 a pesar de la limitación de la jurisdicción universal.
La decisión, que se tomó por unanimidad el pasado 3 de octubre, supone el rechazo el recurso de queja que presentó la Fiscalía. En un auto fechado el pasado 21 de octubre, del que ha sido ponente el magistrado
Enrique López, los 20 jueces que participaron en la reunión indica que Ruz no consideró entonces que "se haya terminado el sumario" por lo que "sigue siendo competente para conocer de la instrucción de los hechos".
El magistrado instructor decidió el pasado mes de abril no archivar la causa sobre la presunta comisión de delitos de torturas y contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra y volvió a preguntar a Estados Unidos, tal y como hizo en 2009, si está investigando estos hechos.
Se trata de las torturas que habrían sufrido en la prisión cubana
Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido con los alias de 'Hamido' y el 'talibán español'; el marroquí
Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en nuestro país; el palestino
Jamil Adullatif El Banna y el libio
Omar Deghayes.
Pesquisas de Garzón
La investigación fue abierta en enero de 2010 por el juez
Baltasar Garzón contra "las personas que tuvieran bajo su guardia y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron los actos" descritos en la querella, todos ellos "miembros del Ejército de Estados Unidos y la inteligencia militar", así como los que "ejecutaron y/o diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos inhumanos o degradantes".
La querella, presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se dirigía contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense
George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.
Se trataba, en concreto, del consejero general del vicepresidente
Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general
Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales,
Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa
William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general
John Yoo y el consejero de Bush
Alberto R. Gonzáles.
La investigación fue avalada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 25 de febrero de 2011, que destacó "el vínculo de conexión relevante con España" de las dos víctimas.
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