La debilidad de negociar al margen del derecho

Una enorme lección aprendida que nos dejó la lucha contra el terrorismo es que no es posible combatirlo al margen del Estado de Derecho. Utilizar otros instrumentos quebrando la ley no es legítimo y al final es contraproducente. Esa lección aprendida debería valernos para captar la lógica más amplia que conlleva: la acción política, sea del tipo que sea, debe mantenerse dentro de las normas fundamentales de convivencia que encarna el Estado de Derecho, o acabará deslegitimándose.

En esta oportunidad, la cuestión refiere al tema de la negociación política (post 9 N) para encontrar una solución a la situación creada en Cataluña. El editorial del diario El País repite este martes su argumento del día anterior y lo enfatiza. Titulado "La fuerza de negociar", el editorial sostiene: "Esta es sin duda la hora de la política. La política democrática empieza en el diálogo, que debe convocar el poder con mayores competencias: en este caso el Gobierno. El diálogo debe desembocar en negociación para acordar las soluciones con el mayor consenso posible. Y los acuerdos implican siempre algún grado de cesión mutua".

A primera vista tal argumento parece irrefutable. Sin embargo, lo es únicamente si se toma aislado. Porque nadie puede suponer que este diario esté sugiriendo que se puede negociar al margen del Estado de Derecho. Es decir, no es posible negociar la comisión de un delito o el entrampamiento del sistema judicial, por conveniencia política (claro, siempre se puede, pero no se debe). Seguir esa lógica nos aproxima demasiado a las grandes maniobras en la oscuridad que se han perpetrado en los altos círculos financieros del país.

Desde luego, tampoco es legítimo hacer lo contrario: usar el sistema judicial para resolver los litigios políticos. El mencionado editorial señala: "Olvida esta gente que la defensa de la legalidad debe hacerse sin forzarla a conveniencia; que los tribunales no deben obedecer órdenes de los políticos". Obviamente, "esa gente" es la que está acusando al gobierno de debilidad ante los soberanistas y que incluso sería partidaria de usar las fuerzas de seguridad en Cataluña. Algo que, desde luego, hay que rechazar de plano: coincidimos en que fue acertada la prudencia del gobierno y la judicatura de no recurrir a la fuerza para impedir la colocación y el uso de las urnas.

Sin embargo, el problema es que esa alusión a la independencia de los jueces -que hace El País- no tiene una única dirección. Los jueces no deben estar al servicio del gobierno, pero tampoco deben aceptar cualquier tipo de negociación al margen del derecho. ¿No tiene entonces ningún valor que los tribunales superiores hayan sancionado previamente en dos ocasiones en contra la celebración de la consulta? ¿Cómo es posible que en los días previos se haya coincidido, también desde ese diario, que la consulta se celebraría al margen de la Constitución y las leyes, para luego cerrar los ojos y decir que hay que regresar a la mesa de negociaciones?

Por ese camino vamos mal, entre otras razones, porque estamos cargando de razón a la derecha dura partidaria de tomar acciones coercitivas para resolver la cuestión. Y cuando eso sucede es que los demás no estamos haciendo las cosas bien, o tal vez que la situación ya está más allá del juego político. Esa es precisamente mi sensación. Muchos partidarios del regreso a la negociación política no quieren darse cuenta que ya es posible que se hayan cometido delitos sustantivos, susceptibles de ser examinados por los tribunales de justicia. Y lo impulse el Gobierno o no, la ciudadanía y las fuerzas políticas tienen el derecho de llevar este caso ante la justicia. En otras palabras, que el tiempo de la política en torno a la cuestión del soberanismo catalán, ya está mediado por el tiempo de la justicia. Ahora defender la independencia de los jueces debe hacerse en todo sentido. Serán ellos quienes deban examinar si hay o no comisión de delito y si hay imputaciones que hacer respecto de los responsables de organizar la consulta. Y tratar de impedir que esto suceda es tan violación del Estado de Derecho como su contrario, empujarles a que establezcan culpables a como dé lugar. Por eso, en medio de esta debacle creo que hay que rescatar la lección aprendida: no hay acción política legítima y eficaz al margen del Estado de Derecho. Hay que aceptar que la justicia entre a examinar la situación en Cataluña desde su plena independencia.