Cataluña: en defensa del Estado de Derecho

El llamado proceso participativo del 9-N no ha descubierto nada nuevo: que un tercio de los catalanes están a favor de una separación de España era algo archisabido. En realidad, el verdadero problema refiere a que los otros dos tercios no se deciden a mostrar claramente su desacuerdo con los independentistas (y, a los efectos, da igual que en vez de ser un 30%, los separatistas sean un 40% o incluso un 50%). Sin embargo, lo que se juega a partir del 10 de noviembre es otra cosa mucho más grave: la posibilidad del quiebre del Estado de Derecho.

Es curioso que una gran cantidad de observadores, sobre todo en los medios de comunicación, parece no reparar en ello. Desde el editorial del diario El País, hasta el de Diariocrítico, todos hablan de que ha llegado la hora de regresar a la política con mayúsculas. Claro, a esa solución nos apuntaríamos muchos. Pero la realidad es algo más tozuda y no tiene sentido ponerse ahora a disimularla.
Puede parecer muy obvio y elemental, pero resulta necesario recordar que el Estado de Derecho se basa en la independencia de poderes y que eso debe ser enfáticamente así en el caso del Poder Judicial. Pues bien, aunque el sistema judicial haya tenido la prudencia de no tomar medidas cautelares para impedir la votación, no podrá hacerse a un lado ante las querellas que le van a llegar por los delitos de desobediencia, prevaricación y mal uso de fondos públicos. Y ello independientemente de que tome o no la iniciativa al respecto el Gobierno del Estado. En breve, cualquier grupo de ciudadanos o fuerza política puede, si lo estima procedente, solicitar que eche a andar la rueda de la justicia en Cataluña.

Algunos invidentes dicen que "no es hora de usar los tribunales para resolver el problema de Cataluña". No se dan cuenta de que, en el fondo, eso significaría impedir que la justicia haga su trabajo; es decir, que se truncara la actuación plenamente justificada de uno de los tres poderes del Estado de Derecho. En el fondo, no se dan cuenta de que la ruptura del pacto constitucional y las leyes no puede quedar impune, por más que se prefiera una solución política. El drama ahora es que la cosa ha ido demasiado lejos. El tiempo de la política en Cataluña ya está mediado, nos guste o no, por el tiempo de la actuación de la justicia.

No podemos ser contradictorios y exigir la actuación rigurosa de los tribunales para unos delitos y no para otros. Supongo que alguien como Bárcenas podría decir con justicia que está sufriendo un agravio comparativo. ¿Por qué debe caer todo el peso de la ley sobre un caso de corrupción y no sobre uno de prevaricación (que en fondo tiene algo de corrupción política)? Y visto desde el acceso a la justicia, sería una incongruencia permitir que unos ciudadanos practiquen el voto contra la ley y luego se impida que otros ciudadanos ejerzan el derecho de llevar ese caso a los tribunales. No, definitivamente, estamos ante una situación en que el juego político ha sobrepasado los límites de la legalidad y ahora le toca hablar a la justicia. A ella le corresponde decidir si el caso tiene o no mérito o si una vez llevado a juicio hay responsabilidad de las autoridades de la Generalitat. Pero si hay imputación por parte de algún tribunal, todos tendremos que atenernos a las consecuencias: si no parece lógico que Rajoy reciba en la Moncloa a un imputado de su partido, no se entendería fácil por qué habría de recibir al imputado Artur Mas, en caso de que llegara a serlo.

Las reglas del Estado de Derecho son precisamente los límites del juego político. Podremos hacer un balance político en el que culpemos a Mas y a Rajoy del entuerto. Pero lo que no podemos es irrespetar los fundamentos del Estado de Derecho. Si, como parece irremediable, la rueda de la justicia comienza a rodar, tratar de detenerla sería extremadamente peligroso, además de igualmente ilegal. Eso es lo que sucede cuando se juega alegremente con las cosas de valor.