La huelga comienza a las 22.00 horas, al inicio del turno de noche, y durará 48 horas. Solamente han sido designados como servicios mínimos los miembros de los Equipos de Protección contra Incendios (EPI), unas 20 personas entre los tres turnos, que deben permanecer en sus puestos por cuestiones de seguridad.
El jueves, los trabajadores del complejo trasladarán sus protestas a Madrid, donde se manifestarán ante la embajada de Francia y ante las sedes de Endesa e Iberdrola --principales accionistas de Elcogás junto a la francesa EDF-- para expresar su rechazo a la decisión.
El responsable de Política Industrial de CCOO, Jesús Crespo, ha asegurado que hay razones "económicas, políticas y medioambientales para mantener la actividad de la planta".
De cara a las movilizaciones en Madrid, los autobuses saldrán de Puertollano a las 06.00 horas desde el edificio Tauro y a las 06.10 desde el hipermercado Carrefour, parando e a las 06.30 en el Quijote Arena de Ciudad Real.
En la empresa "más optimistas" para la viabilidad de la planta
Mientras, el consejero director general de Elcogas, Alfredo García Aránguez, ha asegurado este martes que "espera que las respuestas vayan llegando" por parte del Ministerio de Industria de cara a poder mantener la central abierta, si bien ha dejado claro que es "más optimista que hace un mes". "Ahora parece tener una actitud de comprensión y parece que buscan una solución para la viabilidad".
Según García Aránguez, en declaraciones a la Cadena Ser, la viabilidad de la central termodinámica pasa por "un marco regulatorio nuevo", ya que en el actual "no puede contemplarse otra cosa que no sea el cierre" y este año se alcanzará unas pérdidas de 24 millones de euros.
Así pues, ha abogado por "esperar respuestas" mientras que los sindicatos y trabajadores de Elcogas "exigen" al Ministerio de Industria el desarrollo y aplicación de los Acuerdos del Carbón suscritos en octubre de 2013.
Ha recalcado que desde la dirección de la empresa han querido "respetar en todo momento" la decisión de los trabajadores, "que tienen derecho a movilizarse y manifestarse", además de que están "satisfechos" con el comportamiento de los empleados.
"Llevo toda la vida trabajando en las eléctricas y me daría mucha pena que mi último trabajo como ingeniero sea el de un cierre de una central eléctrica, y más, cuando se daría en mi pueblo", ha lamentado.
Sin el apoyo regulatorio, esta central "no puede tener futuro" según Aránguez, quien ha recalcado que los socios "han tenido que desembolsar 150 millones de euros desde la apertura, y eso es mucho dinero".
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